Podemos pide valentía al Ejecutivo y reformar delitos de libertad de expresión

El Ejecutivo ha dejado fuera de su plan normativo para 2022 la anunciada revisión de la sedición y de los delitos de libertad de expresión, pero Unidas Podemos asegura que mantiene esa promesa entre sus prioridades y pide "valentía" al Gobierno de coalición.

"No podemos dar a elegir entre avanzar en agenda social o en agenda democrática, es un falso dilema", subrayan fuentes de Unidas Podemos consultadas por Efe.

A su juicio, mejorar la calidad del empleo y sacar adelante la derogación de la llamada ley Mordaza, la sedición o las injurias a la Corona no solo es algo recomendable, sino que es "una condición necesaria para modernizar" la democracia.

Fue en febrero de 2021, cuando entró en prisión el rapero Pablo Hasel para cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía, cuando el Gobierno aseguró que revisaría "por la vía más rápida posible" los delitos que afectan a la libertad de expresión.

Más de doscientos artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Fernando Trueba o Vetusta Morla, habían firmado un manifiesto pidiendo su libertad; una reivindicación que también fue demandada en marchas y concentraciones convocadas en distintas ciudades catalanas y que acabaron en muchos casos con violentos disturbios.

Casi un año después, la promesa sigue en el aire: el Gobierno no ha incluido esa reforma del Código Penal en sus prioridades normativas para 2022 y queda la duda de qué ocurrirá con la proposición de ley registrada por Unidas Podemos también aquel febrero en el Congreso para empujar en favor de la reforma.

En paralelo, el grupo parlamentario pidió el indulto para Hasel, pero, según apuntan a Efe fuentes de Justicia, todavía no ha sido resuelto. La fiscalía emitió su informe en septiembre, oponiéndose por ser reincidente; y la Audiencia Nacional, en octubre, también mostró su rechazo a otorgarle la medida de gracia por la "conducta antisocial" que, a su juicio, revelan las diversas condenas que pesan sobre él.

AMNISTÍA INTERNACIONAL: UN RETRASO "INCOMPRENSIBLE"

Amnistía Internacional lleva pidiendo desde 2015 que se reformen en el Código Penal los delitos relacionados con la libertad de expresión y de reunión pacífica.

"Es inaceptable que España no los revise y garantice que no se pueden penalizar conductas que están amparadas por el derecho de libertad de expresión", señala en declaraciones a Efe Virginia Álvarez, portavoz sobre política interior en AI.

Apunta Álvarez a resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han indicado a España la necesidad de revisar el delito de injurias a la Corona o el reciente rechazo de un tribunal belga a entregar a España al rapero Valtonyc, condenado por amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo.

Este martes 18 de enero decidirá sobre la extradición del rapero el Tribunal de Casación de Bélgica, última instancia ante la que cabía recurso.

"Otros países europeos le dicen a España que su derecho no se ajusta a los estándares internacionales y tampoco a la normativa europea", resalta Álvarez.

Para AI, resulta "incomprensible" que siga en el Código Penal el delito de ofensas a los sentimientos religiosos y hay que revisar otros como el de enaltecimiento del terrorismo o el de sedición.

Como está actualmente redactada la sedición, puede limitar casos de desobediencia civil pacífica amparados en el derecho internacional.

La legislatura todavía no ha acabado y este Gobierno no puede perder la oportunidad de alinear el Código a los estándares internacionales. "Fue un compromiso", recuerda Álvarez.

Para este 2022, no obstante, el Plan Anual Normativo aprobado este martes por el Consejo de Ministros solo contempla una reforma del Código Penal que no sea transposición de una directiva europea y es para revisar lo delitos de maltrato animal.

Aparcada ha quedado también la revisión de los delitos de rebelión y sedición que defendió el Gobierno tras la condena a los líderes del procés y que, según el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, era necesaria para adoptar a la realidad actual una tipificación propia del siglo XIX.