El informe elaborado por la Fundación Mundubat para los eurodiputados del grupo de la izquierda Europea de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo concluye que el conflicto que comenzó en 1975 en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental entre el movimiento para la liberación de Saguia El Hamra y Río Oro (el Frente Polisario) y el Reino de Marruecos “presenta la cuestión de los recursos naturales allí presentes como uno de sus ejes transversales”.
El documento recuerda que Marruecos y la UE han suscrito numerosos acuerdos comerciales, incluyendo todos ellos la zona de pesca, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, bien por entender que son parte del reino alauí o bien por incluir expresamente este territorio en los acuerdos; “eso sí -advierten-, sin intervención ni en las negociaciones ni en la firma del acuerdo del legítimo soberano de dichos recursos pesqueros: el pueblo saharaui”.
El texto explica que, sobre dichos acuerdos, incluyendo los del sector pesquero, “la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en diversas ocasiones, y en todas en la misma línea, dejando clara su posición al respecto: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, ni ningún mandato internacional para administrarlo, ya que el territorio es separado y distinto de Marruecos”, de manera que debe contarse con el consentimiento explícito e inequívoco del pueblo saharaui.
El informe denuncia, además, que “la explotación ilícita e ilegítima de los recursos finitos y renovables del Sáhara Occidental por parte de Marruecos se materializa con la colaboración de empresas europeas, a través de contratos llevados a cabo, sobre todo empresas de origen francés, español y alemán; aunque, en algunos sectores, como el de la extracción de fosfato, las principales empresas -tras décadas de hegemonía europea y norteamericana- son del continente asiático (India y China) y Nueva Zelanda”.
El documento incluye una relación de 28 empresas que “invierten o han invertido en el Sáhara Occidental ocupado”, entre las que se encuentran Laso Lasarte Wind, hispanoportuguesa, dedicada al transporte eólico; Siemens Gamesa Renewable Energy, para la fabricación de aerogeneradores, y operación y mantenimiento de parques eólicos; ANFI Sales SA, grupo empresarial inmobiliario dedicado a los resorts de vacaciones de lujo; Transportes y Excavaciones Bernal, dedicada a excavaciones para viviendas, desmonte, terraplén y reacondicionamiento de playas: Cementos Especiales de las Islas y Cemengal SA, vinculadas a la producción de cemento; Proyecto Dover SL, importadora de materiales de construcción; Discefa SLU y Viveros Merimar SL, que distribuyen productos del mar congelados; e Indra Sistemas SA, que proporciona sistemas de combate a la Marina marroquí.
