Un total de 1.785 personas permanecieron encerradas en el interior del Alcázar de Toledo durante 68 días en el año 1936, hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil para el Ejército franquista. De ellas, más de 200 se encuentran enterradas en su cripta, puesta en el punto de mira tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.
El 21 de julio de 1936, los sublevados se refugiaron junto a sus familiares en el Alcázar, dando lugar a un largo asedio por parte de las tropas republicanas que no finalizaría hasta más de dos meses después, el 27 de septiembre, cuando el Ejército de Franco logró entrar en la ciudad.
En total, el Alcázar fue refugio de 1.785 personas entre personal militar, voluntarios, familiares y más de 200 niños. Una posterior ley del dictador Franco dictó que todos ellos tenían derecho a ser enterrados en su cripta.
Actualmente, el sepulcro acoge poco más de 200 cuerpos, entre los que se encuentran los de José Moscardó, entonces coronel y máxima autoridad militar en Toledo como director de la Escuela Central de Gimnasia. También está allí enterrado Jaime Milans del Bosch, de solo 21 años durante el asedio y conocido por sumarse desde Valencia al intento de golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981.
El último enterramiento en la cripta del Alcázar tuvo lugar en el año 2018, cuando falleció el general de Brigada Federico Fuentes Gómez de Salazar, último combatiente del Alcázar de Toledo que quedaba con vida.
La situación del Alcázar está ahora en el punto de mira tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que ya ha motivado la exhumación del general franquista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla.
El Ministerio de Defensa es el actual responsable de la gestión del Alcázar, sede del museo del Ejército de Tierra, y ha creado un comité encargado de estudiar la aplicación de la Ley de Memoria en todas sedes y acuartelamientos de las Fuerzas Armadas.
Este comité sería el encargado de estudiar la exhumación de Moscardó y Queipo de Llano, aunque fuentes de Defensa aseguraron a Europa Press que aún ni siquiera ha celebrado su primera reunión para empezar los trabajos de aplicación de la nueva legislación.
La ministra Margarita Robles puntualizó en cualquier caso que cualquier actuación no será inmediata, ya que exigirá de un expediente en el que la ley incluso contempla la audiencia a las partes afectadas, lo que alargaría el proceso.
La Ley de Memoria establece que los restos mortales de "dirigentes" del golpe militar de 1936 no podrán permanecer inhumados "en un lugar preeminente de acceso público" que pueda favorecer "la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura".
Actualmente, la cripta del Alcázar se encuentra cerrada al público y no entra dentro del recorrido del Museo del Ejército. Los familiares de los allí enterrados solo pueden acceder a determinadas horas cuando el museo esté cerrado.
En el año 2018, antes de la aprobación de la actual Ley de Memoria, el Gobierno ya negó que existiese exaltación pública relacionada con los militares enterrados en el Alcázar dado que la cripta no es uno de los espacios incluidos en el discurso museológico del espacio.
Según sostuvo entonces, consideraba la cripta como un lugar privado "al no ser visitable por el público en general, existiendo un procedimiento de visitas solo para familiares de los enterrados, por el que pueden acceder a la cripta los días en los que el Museo está cerrado al público".
Existe además una Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar. "La Hermandad responde al propósito firme concebido durante el asedio del Alcázar de Toledo de mantener siempre vivos los lazos de fraternidad cristiana y el espíritu patriótico que reinó en aquellas gloriosas jornadas", relata en su página web.
Entre sus actividades, realiza una procesión anual entre la Catedral de Toledo y el Alcázar y una misa en su patio, aunque un representante de la Hermandad ha precisado a Europa Press que cualquiera de sus actos futuros estará sujeto a la autorización del Ministerio de Defensa.
