La Abogacía de la Generalitat Valenciana está estudiando el plan del Tajo publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recurrirá "aquellas cuestiones que sean lesivas para los intereses de los regantes" de la Comunitat Valenciana, y específicamente, de la provincia de Alicante.
Así lo ha avanzado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista en la SER, en la que ha precisado que no recurrirán todo el decreto porque hay cosas con las que están de acuerdo, como las inversiones y la comisión mixta de control y fiscalización tanto del estado de las masas de agua como de las inversiones.
Sin embargo, sí lo harán en aquellas cuestiones "que limiten de una manera discrecional y arbitraria el trasvase", ya que, según ha dicho el presidente, "creemos que estamos asistidos por la razón".
Puig ha afirmado tener "un gran respeto" por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de quien ha destacado que ha mostrado "su valía y su contundencia en estos tiempos en relación con la energía".
Ha explicado que la relación que mantienen es "de lealtad y de respeto", pero ha señalado que "cada uno defiende una posición en momentos determinados" y de lo que se trata ahora es "de buscar soluciones".
"El griterío y la apropiación indebida de la bandera del agua y este sentimiento territorial identitario relacionado con el agua al final produce barro, pero no agua efectiva para los ciudadanos", ha manifestado.
Según Puig, "los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía necesitamos agua para siempre" y ha considerado que con usos eficientes de la desalinización, reutilización, modernización de riegos, eficiencia, un control mejor de las aguas subterráneas y el trasvase, se puede "garantizar que la huerta de Europa mantenga la vitalidad que tiene".
