Según ha informado el Ministerio de Interior en una nota de prensa, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Inspección Penitenciaria, inició la investigación a finales del pasado año tras detectar “presuntas irregularidades”.
Durante la misma, se detectó que un funcionario abrió las celdas de dos internas y compartió varias horas con ellas, por lo que ahora se investiga si varios empleados del centro pudieron mantener relaciones sexuales consentidas con algunas de las 614 reclusas.
Además, la Inspección Penitenciaria halló que algunos funcionarios introducían y consumían alcohol en el centro, aunque Interior ha insistido en que se trata de “comportamientos individuales” y que el centro funciona con absoluta normalidad.
Por ello, “ante la incapacidad de la dirección” de la prisión para hacer frente a la situación, Instituciones Penitenciarias ha destituido al director, el subdirector de seguridad y el administrador de la cárcel y ha suspendido de empleo y sueldo a dos funcionarios y ha colocado a cargo de la cárcel a un inspector.
REACCIONES
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado la “reacción inmediata” de la Administración ante las irregularidades detectadas en la cárcel de mujeres Madrid I.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha señalado que se ha abierto una investigación y se ha dado traslado de los hechos a la Fiscalía, y ha considerado este asunto como un “problema excepcional”, que ha afectado a una “exigua minoría de funcionarios”.
De la Vega ha indicado que en esta cárcel “se han producido unos hechos y comportamientos individuales irregulares, con una reacción inmediata de la administración”.
“La administración penitenciaria –ha agregado De la Vega– es muy estricta en las normas de sus centros y en el trabajo de los funcionarios. Los propios funcionarios han aportado información”.
