“El Grupo ha dejado claro que una desaparición forzada es una ofensa continua y una violación de derechos humanos mientras no se conozca el paradero de la víctima.
El Grupo considera que el Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad sobre lo que pasó con la persona desaparecida”, según un comunicado emitido ayer. El magistrado español fue sancionado tras ser acusado de prevaricación por supuestamente haber actuado a sabiendas de que se excedía en sus funciones.
