Pese a ser el Coordinador Provincial desde el pasado mes de septiembre de los 157 secretarios judiciales que trabajan en Málaga, un puesto institucional que designa el Ministerio de Justicia tras un concurso, Francisco Izquierdo Carbonero (Campillos, Málaga, 1963) reconoce que secundó también varios días la huelga junto al resto de sus compañeros. A su licenciatura en Derecho en 1986, suma otros grados universitarios (Ciencias Políticas y Sociología, Administraciones Públicas, y Criminología). En 1981, Izquierdo ingresó por oposición al Cuerpo de Gestión (antes oficiales), y ha trabajado en juzgados de Instrucción, Primera Instancia, Social, Penal, Violencia de Género, Familia, en Córdoba, en la Audiencia de Málaga, y en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA). En 2002 accedió a la plaza de letrado de la Administración en la que ha trabajado en Vélez, Ceuta, y hoy en Málaga capital. Al igual que muchos de los LAJ, (no todos pararon) Francisco Izquierdo ha comenzado a hacer el cálculo de los descuentos de su nómina por la huelga, pero también a reflexionar sobre los efectos que este paro indefinido ha causado al justiciable, y cómo empezar a resolverlos "cuanto antes".
.-Todo el personal de la Administración de Justicia se ha movilizado este año. ¿Quién tiene la responsabilidad de las consecuencias para el justiciable?
.-Mucha gente cree ahora que la culpa de todo este conflicto laboral, que se registra en la justicia española, la tenemos los letrados, los antiguos secretarios, por haber sido los primeros que se han lanzado a la calle. Y lo hicieron porque no se cumplían los acuerdos pactados sobre revisiones salariales y un análisis de nuestras funciones. El acuerdo de los LAJ con el Ministerio, de abril de 2022, si no se cumplía, era legítimo de reclamarlo con otras medidas. Creo que ha quedado claro, por cómo se ha dado una respuesta por parte de la Administración central, que el equipo de Justicia ha sido un verdadero desastre. Tantos días sin sentarse a negociar, y los miles de expedientes sin tramitar, lo corroboran. Si hubieran cumplido el acuerdo de abril, no hubiera habido huelga.
.-Cerca de 6.000 asuntos atrasados solo durante la huelga de los letrados. ¿Qué reflexión hace?
.-Pues que es una burrada. Cuando me llegaron los datos, que desde esta Secretaría de Coordinación se reclamaron a los juzgados, me pareció una cifra que nos acerca a día de hoy a un auténtico colapso de la justicia en Málaga. Si en la provincia ya acumulábamos demora, con esta situación se incrementa más aún. No me gusta comparar, pero ahora mismo Málaga está al mismo nivel que los tribunales de Sevilla, pese a tener menos juzgados. Aquí la litigiosidad en la Costa del Sol nos marca muchísimo, y eso se debería de tener en cuenta por las administraciones para dar una respuesta eficaz. Marbella o Estepona, por ejemplo, deberían disponer ya de más juzgados de lo Penal y Social. Los padrones de habitantes engañan, ya que a pesar de que algunos digan que tienen 140.000 o 70.000 ciudadanos empadronados, durante casi seis meses al año pueden alcanzar los 500.000, con lo que ello comporta para la judicialización.
.-¿De cuánto retraso estamos hablando para poner al día a los tribunales en Málaga?
.-Pues de dos o tres años desde que nos pongamos en marcha. Tenemos juicios por despidos o reconocimientos de invalidez en algunos Juzgados de lo Social que ahora están fijados para el 2025. Dar una respuesta al justiciable a dos años vista es una burrada, porque los ciudadanos tienen derechos y no podemos admitir que una persona inválida tenga que estar esperando por una pensión tanto tiempo, si recurre contra la Seguridad Social. Es una cuestión simplemente de humanidad, no ya de derecho ciudadano.
.-¿Se podría reducir esa espera judicial?
.-Sí, si se adoptaran medidas urgentes y muy excepcionales. Pienso que se podría acortar en nueve meses. Pero si se espera más la demora se incrementará por el retraso que crece cada día motivado ahora por la huelga de los funcionarios de justicia.
.-Para salir de este atasco hay que contratar personal o retribuir a los funcionarios. ¿Qué es más costoso?
.-Pienso que económicamente es más rentable para la Administración la prolongación de la jornada, puesto que se ahorra más abonando un determinado plus por las horas extras que se hagan. Además, como ventaja está que es el mismo funcionario, el que conoce los asuntos de su juzgado, el que le daría una salida más rápida. Con la primera opción de contratar un refuerzo se corre el riesgo de que esa persona no conozca, no ya el expediente sino la materia jurisdiccional, y se pierda el doble tiempo: uno, el de enseñarle, y otro, el que pierde el funcionario del juzgado para encaminarle a resolverlo.
COBRO DE MULTAS DE BÉLGICA Y HOLANDA
.¿Cuál es el perfil del secretario judicial en Málaga?
.-De los 157, dos tercios son casi mujeres. Sobre todo las promociones de jóvenes que ingresan en los últimos años. Es una circunstancia similar a lo que está sucediendo en la carrera fiscal, por ejemplo, con un 65% que son mujeres.
.-Los juzgados de la costa tienen mucha población extranjera, ¿cómo afecta ello a los juzgados?
.-Pues bastante puesto que residen muchos días al año. En ocasiones estas personas no entienden bien nuestro derecho, y con un asesoramiento insuficiente, en algunos casos, se meten en pleitos civiles complicados. En el caso de los británicos es curioso que hayan salido de la Unión Europea, y ahora la aplicación de su derecho y normas no coinciden con el nuestro. Habría que unificar la legislación. Pero además, pasan cosas como que los juzgados de Málaga están teniendo que cobrar las multas de circulación de infractores de Bélgica y Holanda, ya que nos llegan comisiones rogatorias de esos países, porque los sancionados están residiendo en Fuengirola o Torremolinos. Es verdad que la ley lo establece, pero este hecho nos genera un trabajo ingente para tener que localizarlos. Vas a urbanizaciones de extranjeros de estas ciudades a embargar, y no siempre se da con el individuo. Todo esto contribuye más aún al colapso judicial.
.-Abogados y procuradores se quejaron por los retrasos en el pago de las costas durante la huelga.
.-Con el parón de la actividad, estas transferencias de mandamientos de pago no eran urgentes, pero ahora se están actualizando. Este tipo de operaciones son más complejas puesto que el secretario debe de supervisar correctamente a quién hace la transferencia del dinero. Además, en muchas ocasiones se producen errores en los números de las cuentas bancarias y el sistema los rechaza, por lo que no se puede realizar el abono y hay que volver a requerir al procurador que los corrija. O entran transferencias a la cuenta que no corresponden con el número de expediente judicial. También tenemos que supervisar que las minutas que pasan los abogados se ajustan a los aranceles y no los sobrepasan. Es decir, que ningún LAJ transfiere dinero sin comprobar antes a dónde va correctamente.
"SIN VOLUNTAD NEGOCIADORA"
.-Qué falló en la negociación entre el Ministerio y las asociaciones de letrados de Justicia?
.-Las formas han sido fundamentales. Si firmas un acuerdo, y luego viene Hacienda y te dice que no puedes pagar, pues dilo y se buscan alternativas. Se ha cabreado durante meses a los secretarios y una negociación no puede durar 60 días. No se reunían y, cuando lo hacían, el Ministerio llegaba a la mesa, poco más o menos, para mirarse a la cara durante horas. No hubo talante, ni voluntad de negociación, como tampoco siquiera opción para la mediación. Y ahora lo estamos viendo con los funcionarios.
.-El aumento salarial de 450 euros al mes brutos que se acordó, ¿cree que ha sido suficiente?
.-Hemos perdido poder adquisitivo desde hace años, no solo en la época de Zapatero, sino con los recortes del periodo de Rajoy en 2012. Y todavía no lo hemos recuperado. Un secretario, cuando entra tras una oposición muy dura de 300 temas, cobra unos 1.900 euros netos al mes. Con esa cantidad, uno tiene que hacer frente a destinos como Marbella o Estepona, donde el precio por el alquiler puede llegar a los 800 euros. El coste de la vida todos sabemos que no sube el 3% que dice el INE, y basta mirar la inflación del último año, o ir como todos vamos a Mercadona. Cuando entré en el Ministerio de Justicia como oficial ganaba más en esa categoría con las guardias que un secretario. Y eso es incomprensible para un cuerpo superior de la Administración A1. La nómina de un letrado para las funciones que hemos asumido desde el 2009, muchas de ellas las hacían los jueces, no están bien retribuidas.
.-Pero ahora los funcionarios se quejan de que hacen a diario funciones de los secretarios...
.-He sido funcionario 18 años y tenemos que tener claro que cada cuerpo tiene su cometido. Para un embargo, el funcionario debe confeccionar el decreto que luego firman los LAJ. Pero son éstos quienes determinan qué bienes hay que embargar. Por otro lado, hay funciones como el servicio Siraj, donde se registran las penas de condenados y órdenes de protección, donde hay instrucciones del Ministerio en las que se dice que 'se delegará por el secretario a los funcionarios', pero quien las firman son los letrados judiciales. Y sí éstos se equivocan en una busca y captura, o con una medida para preso preventivo, a quien se pedirá responsabilidad, incluso penal, es al secretario. Hemos llegado a un punto en el que los letrados nos pagamos desde hace años, y no el Ministerio de Justicia, los seguros de responsabilidad civil para hacer frente a alguna reclamación.
.-En este cruce de reproches por las tareas que cada uno realiza, ¿considera que se ha perdido el espíritu de colaboración en los juzgados?
.-Pienso que sí. Hay que partir que el trabajo en un órgano judicial es como una edificación. En la obra está el albañil, el delineante y el arquitecto, que pasa de vez en cuando. No vale decir que ese edificio lo he hecho yo. Mire no es así. El albañil es el oficio más visible en la obra, pero sin el arquitecto no se podría haber levantado. Los secretarios hemos hecho también funciones de los jueces, como adaptación de autos. Y se nos olvida que lo importante es que el servicio público de la justicia funcione. Si nos ponemos cada uno a medir a rajatabla nuestras funciones, no trabajamos, ni en ésta ni en otros departamentos de las administraciones públicas. Este mal clima laboral no lo había vivido nunca, y muchos secretarios se enfrentan en ocasiones a la 'soledad del jefe'.
.-Y las redes sociales arden entre un colectivo y otro de justicia.
.-Efectivamente, y es muy curioso cómo nos estamos enfrentando entre nosotros cuando el problema de organización y de medios corresponde al Ministerio de Justicia. Pero no le echemos la culpa al otro, dentro de la misma empresa. En este servicio público, como es el de la justicia, no puede haber fronteras impermeables. Tal es así que hay juzgados donde los letrados hemos hecho cosas que corresponden a los magistrados. Debemos alejarnos del corporativismo y el clasismo, que es cierto que existe en algunos órganos judiciales a distintos niveles, porque el trabajo hay que sacarlo.
