El martes pasado, la Policía Nacional arrestó a seis personas, de los cuales cinco ingresaron en prisión, en La Línea de la Concepción por los altercados ocurridos en la barriada de Las Palomeras en el transcurso de un operativo para localizar y detener a dos personas que estaban siendo investigadas por tráfico de drogas. Tres agentes resultaron heridos por las piedras lanzadas.
Solo unos días antes, alrededor de la una de la madrugada del domingo, un hombre de 26 años llegó al acuartelamiento de la Guardia Civil en Chiclana en una motocicleta, “profiriendo gritos y amenazas contra todos los presentes y pidiendo que le detuvieran en una actitud violenta”, según el relato de Blanca Vega en VIVA CHICLANA. El joven logró quitar el arma de defensa a uno de los funcionarios y le golpeó en la cara y la cabeza para emprender, posteriormente, la fuga, destrozando dos vehículos. Finalmente, integrantes de la Benemérita y la Policía Local consiguieron localizar al individuo en un suceso que se saldó con ocho agentes heridos, seis de ellos con baja impeditiva.
El secretario provincial de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Agustín David Domínguez, anunció en declaraciones a 7TV CHICLANA que la organización se presentaría como acusación particular ante los delitos que se le imputan al joven de homicidio en grado de tentativa, agresiones graves y leves, atentado contra agentes de la autoridad y contra vehículos privados, y denunció la indefensión que se encuentran en el desempeño de sus responsabilidades.
“Esta semana he cumplido 30 años en el cuerpo y la cosa ha cambiado mucho desde entonces; antes, en una actuación, existía respeto, ahora nos toman como el pito del sereno”, lamenta, por su parte, Antonio Rodríguez, portavoz en Cádiz del sindicato Justicia Policial (Jupol), quien advierte de que la cifra de agresiones que sufren los compañeros durante su trabajo ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos.
La estadística oficial le da la razón. De acuerdo a los últimos datos facilitados por el Gobierno en respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, la provincia registró un total de 463 hechos conocidos de atentado contra agentes de la autoridad o funcionario público y cuerpo policial que instruye diligencias en 2021, número similar al anotados en el año 2020, pese al estado de alarma y el confinamiento a causa del Covid. En 2015, sin embargo, fueron 379, de manera que el aumento supera el 22%.
“No es solo el narcotráfico”, indica Rodríguez, “gente normal”, no relacionada con el crimen organizado, también protagoniza episodios violentos. El de Chiclana, tercia el representante de Jucil, “podría haber sido diferente si hubiéramos contado con más herramientas de defensa, comopor ejemplo las taser”.
Actualmente, de acuerdo también a una respuesta parlamentaria reciente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tienen a su disposición solo 1.167 unidades de inmovilizadores eléctricos y 1.350 cámaras de video vinculadas a los mismos en toda España, y solo consta que se haya hecho uso de dicho material en tres ocasiones al término del año 2022. Asimismo, el Gobierno reconoce no se han iniciado nuevos expedientes de adquisiciones de este equipamiento.
Por otro lado, Jucil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) e Independientes de la Guardia Civil (IGC) han recordado en un comunicado conjunto emitido el pasado domingo que todos los cuerpos policiales, desde los agentes de los Mossos d’Esquadra o la Foral de Navarra a los agentes de policías locales, tienen el reconocimiento como profesión de riesgo, una reivindicación que el instituto armado comparte asimismo con la Policía Nacional.
