No obstante, se trata de un acuerdo que aprobará el Govern catalán en el Consell Executiu, de modo que los profesores deberán saber el catalán por decreto salvando algunas excepciones, ha avanzado Huguet en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.
El decreto ha pasado todos los trámites necesarios para ser aprobado en el Consell Executiu, y está "en disposición de ir al Govern", ha explicado el conseller. "Quizás mañana o la semana que viene; lo decidiremos en función de la agenda", ha detallado.
EN BREVE LLEGARÁ AL CONSELL EXECUTIU
Fuentes de Universidades han apuntado que el decreto se encuentra entre las previsiones de mañana aunque puede no llevarse a Govern. En este caso, se llevaría a la sesión de la próxima semana.
Estas fuentes han explicado que se trata solamente de "formalizar" un acuerdo que alcanzó el Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) en noviembre de 2009. De hecho, han apuntado que el decreto sienta las bases de lo que las universidades ya llevan seis meses aplicando.
Huguet ha aclarado que pretende retornar el equilibrio entre el catalán y el castellano en las universidades, aunque ha advertido de que se trata de una normativa que va más allá del catalán, ya que también exigirá el castellano a los profesores extranjeros y el inglés a los que impartan másters en esta lengua.
No se trata de un decreto retroactivo y solamente afectará a aquellos profesores que quieran acceder a nuevas plazas. Los docentes visitantes que deseen quedarse en las universidades catalanas dispondrán de un tiempo "prudencial" para acreditar su conocimiento.
Huguet ya ha augurado que los sectores "españolistas catalanes y radicales" confundirán las medidas de equilibrio para pensar que es una "marginación del castellano".
En junio de 2008, la entonces comisionada de Universidades de la Generalitat, Blanca Palmada, impulsó en el CIC la aprobación de una normativa para que los profesores de universidad acreditaran el nivel C de catalán respetando el marco de la autonomía de cada universidad.
Sin embargo, algunas universidades, como la Pompeu Fabra (UPF) se levantaron contra la imposición del catalán, y la obligación de acreditarlo quedó totalmente sometida a las decisiones de cada rector.
