El Tribunal Supremo ha confirmado las sanciones de siete y seis meses de suspensión que el Tribunal Militar Central impuso a un sargento de la Guardia Civil de A Guarda (Pontevedra) y a un agente por irrumpir en un puticlub, bebidos y a altas horas de la madrugada, exigiendo sexo gratis.
Las sanciones se aplican por sendas faltas muy graves de abuso de atribuciones con grave daño a los ciudadanos y a la Administración, reflejo de una conducta que el alto tribunal considera como «modelo negativo de lo que debe ser cualquier servidor público».
El sargento, que era el comandante interino del puesto de A Guarda, aunque en el momento de los hechos no estaba de servicio -como tampoco lo estaba el agente que le acompañaba- acudió a un local de alterne de la zona hacia las 2 de la madrugada del día 9 de septiembre de 2011.
Ambos se encontraban en grave estado de embriaguez, reflejado en halitosis alcohólica, balbuceo y dificultad en la expresión verbal, cuenta la sentencia.
Poco más tarde, el Acuartelamiento de Tui de la misma zona recibió llamadas pidiendo auxilio de las mujeres que trabajaban en el citado local, algunas de las cuales se habían escondido en el piso superior, mientras que otras huyeron a una zona boscosa próxima.
No tardó mucho en llegar otra llamada al Centro Operativo del área donde ocurrieron los hechos, pero esta vez fue el agente implicado quien la realizó. Pidió una patrulla de la guardia civil. Hablaba de modo inconexo.
El operador pudo escuchar cómo, al otro lado del teléfono, otra voz, que luego se identificó como correspondiente al sargento, decía: «nooooo… yo no estoy».
Finalmente, a las 06.30h un teniente hubo de acudir al local en cuestión, el Club Goldfinger. Según relató el encargado, los guardias habían entrado al local borrachos, en actitud prepotente y exigiendo que se les invitara a «un polvo con una de las chicas».
Al negarse éstas, comenzaron a proferir amenazas («os vamos a joder a todas», «os vamos a meter a todas en un coche y a llevar detenidas»…) mientras las obligaron a ponerse en fila en la recepción del local.
Allí el sargento dio un golpe en la mesa y dijo: «aquí se hace lo que yo digo». Fue en ese momento cuando las mujeres huyeron en desbandada.
Estos y otros hechos similares ocurridos durante la noche de embriaguez de los sancionados llegaron, según relata la sentencia, «a conocimiento general, de tal manera que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra tuvo que dar explicaciones en una rueda de prensa».
«No es preciso insistir en lo obvio. Se trata de un rechazable episodio de abuso de atribuciones protagonizado por miembros de la Guardia Civil, mitigado por el componente etílico del caso sin cuya influencia no se concibe un comportamiento de estas características», dice el Supremo.
Para el tribunal resulta difícil defender que la sanción impuesta es desproporcionada, más aún teniendo en cuenta que la imagen de la Guardia Civil «quedó gravemente resentida por la trascendencia de los hechos, hasta el punto de que sobre los mismos debió informar a la opinión pública el subdelegado del Gobierno».
