Un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase que se va a aumentar la cantidad no embargable por deudas hipotecarias hasta los 961 euros, CiU ha propuesto elevar más este límite y ha pedido también fomentar la dación en pago -que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad- con incentivos fiscales, aunque no los detalla.
Los nacionalistas catalanes sugieren asimismo mejorar la valoración que se hace a un inmueble cuando se lo queda el banco acreedor, mientras que el PP ha reclamado "poner coto" a abusos como la denominada cláusula suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el Euribor se sitúa por debajo.
ERC-IU-ICV piden directamente la dación en pago y proponen también limitar las cantidades de los créditos y el tiempo para pagarlos.
El BNG se suma también a la dación en pago y añade medidas alternativas al embargo, como moratorias en el pago de los plazos pactados, la transformación en contrato de arrendamiento o condonaciones parciales de la deuda.
El PP considera "limitada" la medida del Gobierno de ampliar el umbral del salario inembargable y apuesta por la recuperación de la deducción por compra de vivienda y por "poner coto" a cláusulas "abusivas", como "la cláusula suelo".
Junto con las hipotecas, los populares incluyen su prometida ley de apoyo a los emprendedores, con incentivos fiscales a la contratación (3.000 euros durante dos años a los emprendedores que contraten a su primer trabajador por tiempo indefinido), el pago del IVA en el momento del cobro de la factura y nuevas formas de financiación.
CiU también reclama bonificaciones para los autónomos y pymes que creen puestos de trabajo y que las entidades financieras que han recibido ayudas públicas se reserven una parte del crédito que conceden para las pequeñas y medianas empresas.
Esta condición para las entidades asistidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también la defienden IU-ICV-ERC y PSOE, que además pide que dicha asistencia pública sea el "último recurso" con el objeto de minimizar el coste para los contribuyentes.
Otra de las propuestas comunes es la de una tasa para las transacciones financieras internacionales.
Asimismo, ambos piden impulsar medidas que limiten las remuneraciones variables de los miembros de consejos de administración y altos directivos de entidades "cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital", como afirma la propuesta socialista.
El PNV propone transferir a las comunidades autónomas las competencias sobre "crédito, banca y seguros".
Para atajar la tasa de desempleo, una de las propuestas del PP es una reducción del 20 % de las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social y otra del cien por cien en las cotizaciones por contratos a menores de 30 años.
CiU sugiere aumentar la flexibilidad y mejorar el mecanismo de jurisprudencia laboral para tener un marco legislativo que genere confianza y se pueda crear empleo en los próximos meses.
En el ámbito autonómico, UPyD pretende que las comunidades estén obligadas a someter sus proyectos de presupuestos al control del Ministerio de Economía, que estaría facultado para exigir su modificación en caso de que no garanticen la estabilidad y coordinación fiscal y financiera del Estado.
A la espera de que el Gobierno concrete su "regla de gasto" para las comunidades autónomas, el PP aboga nuevamente por reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y colocar límites presupuestarios y de endeudamiento.
Las propuestas se debatirán mañana en el pleno del Congreso después de ser enmendadas y negociadas entre los grupos, tarea a la que el PSOE se ha aplicado con los que considera sus "socios presupuestarios": PNV, Coalición Canaria y UPN.
Adiós, Zapatero, adiós
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado hoy que el discurso que ayer pronunció en el debate sobre el estado de la nación fuera de despedida de su tarea como jefe del Ejecutivo.
Al término del debate, Zapatero, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara, ha salido así al paso de las interpretaciones de que su intervención inicial en la mañana de ayer en el hemiciclo fue un adiós.
"Hice un discurso que no era de despedida", ha recalcado antes de matizar que en sus palabras finales había "una despedida del discurso".
Ha añadido que por la tarde cumplió con su responsabilidad de atender la tarea de jefe del Gobierno y mantener un "combate democrático" con el líder del PP, Mariano Rajoy.
Zapatero no ha querido responder a la pregunta de si va a agotar la legislatura, y ha señalado que sobre política ya ha dicho en el transcurso del debate todo lo que tenía que decir.
El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la mención al jefe de la oposición para recordar que ya han mantenido muchos cara a cara parlamentarios y ambos se conocen muy bien.
El jefe del Ejecutivo ha querido destacar también el "grandísimo respeto" que tiene a todos los grupos parlamentarios y a la democracia en general.
También el portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, ha querido salir al paso de quienes dan por hecho que Zapatero se ha despedido, y, en declaraciones a los periodistas, ha dejado claro que "el presidente va a seguir siéndolo hasta el último momento de su mandato".
Además, ha justificado la "cierta atmósfera de despedida" en el hecho de que, tras asistir a nueve debates sobre el estado de la nación, éste sea el último en el que va a participar.
El PP pide desgravar 3.000 euros a emprendedores que hagan su primer contrato
El grupo parlamentario del PP ha propuesto hoy establecer deducciones fiscales de 3.000 euros durante dos años a aquellos emprendedores que contraten a su primer trabajador por tiempo indefinido.
La medida forma parte de las quince resoluciones que los populares han registrado en la Cámara Baja al término del debate sobre el estado de la nación.
En conferencia de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado brevemente el contenido de unas propuestas de resolución que ha considerado "una alternativa a la crisis económica y social" que vive el país.
También resulta esencial para esta organización ayudar con 500 euros a las familias más necesitadas.
De entre las resoluciones económicas, y en la línea de lo que ayer el líder del partido, Mariano Rajoy, expuso en el debate, el PP quiere que aquellos emprendedores que contraten a su primer trabajador indefinido reciban una desgravación de 3.000 euros durante dos años.
Estos emprendedores, además, podrán crear su empresa en 24 horas y disfrutarán de otras ventajas fiscales, como un impuesto de sociedades más bajo.
También, según el contenido de la resolución del PP, pagarán el IVA cuando cobren la factura, no cuando se emita.
Los populares, además, desean atajar el crecimiento de la tasa de paro juvenil, y para ello, piden una reducción del 20 por ciento de las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social y otra del cien por cien en las cotizaciones por contratos a menores de 30 años.
Tal y como ha recalcado Sáenz de Santamaría, el PP sienta las bases sobre las que construir un nuevo marco laboral y para un nuevo modelo de Formación Profesional.
A la espera de que el Gobierno concrete su "regla de gasto" para las comunidades autónomas, el PP aboga nuevamente por reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y colocar límites presupuestarios y de endeudamiento.
En la misma línea, insiste en menguar el número de cargos de confianza, de altos mandatarios, el gasto corriente y el parque móvil.
La sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, la recuperación de una línea ICO que ayude a los ayuntamientos a pagar a sus acreedores, la capitalización de las entidades financieras desde el saneamiento, la protección de la unidad de mercado y la internacionalización de las empresas españolas son otras iniciativas del PP.
Sáenz de Santamaría considera "limitada" la medida del Gobierno de ampliar el umbral del salario inembargable, y por esta razón, apuesta por matizarla a través de la recuperación de la deducción por compra de vivienda y por "poner coto" a cláusulas "abusivas", como "la cláusula suelo".
