El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha informado a Europa Press de que tras una "larga" vista oral, el juicio ha quedado este jueves "visto para sentencia" en el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla. Se trata, de hecho, del mismo juzgado que el pasado 24 de junio, albergaba el juicio relativo a la demanda promovida a su vez por el Instituto Nacional de Empleo, para reclamar a varios de los empleados de Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo de 2007, el reintegro de las cuantías percibidas inicialmente con cargo al subsidio de desempleo.
LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO
Según ha explicado Rafael Domínguez, el conflicto surge al contabilizar el INEM como "ingresos de rentas" los contratos de préstamo librados por Mercasevilla en favor del colectivo de prejubilados del ERE de 2007 para cubrir las cuantías que habrían de percibir por sus prejubilaciones, puesto que la negativa de la Consejería de Empleo a participar en la financiación de este expediente de regulación de empleo mantiene paralizados estos pagos.
Al igual que el pasado 24 de junio, la representación jurídica del prejubilado afectado por el juicio celebrado este jueves ha defendido, ante el Juzgado de lo Social número cuatro, que el ERE de 2007 nació como una "continuación" del expediente de regulación de empleo de 2003, cuya negociación comenzó antes del mes de mayo de 2002 bajo una legislación que "no consideraba como rentas" las indemnizaciones por prejubilación. "Los ERE de 2003 y de 2007 forman parte del mismo procedimiento", ha defendido Rafael Domínguez.
EL ERE DE 2007
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación por el Juzgado de Instrucción número seis, dirigido por Mercedes Alaya.
Y es que, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero
