En la rueda de prensa posterior a la reunión del último Consejo de Gobierno del año, ha explicado que el Ejecutivo andaluz ha venido reclamando al Gobierno central, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, una diferencia de ingresos como consecuencia de medidas que se tomaron en su día, como los 400 euros de deducción en el IRPF y el 'cheque bebé', que estima que ha supuesto un "quebranto de los ingresos de Andalucía".
Ha recordado que además de Andalucía, también lo está reclamando Galicia. En este sentido, la Junta formalizó un recurso por la liquidación de 2008 y ahora se ha decidido formalizar otro "idéntico" por la de 2009.
Según Moreno, Andalucía cree que, como consecuencia de algunas decisiones del Gobierno de España, se ha producido una merma de ingresos. La Junta ha cuantificado en 674 millones de euros la cantidad que hubiera debido de percibir en el año 2009.
"Gobierne quien gobierne en España, Andalucía siempre va a recurrir y reclamar aquello que cree que le corresponde; lo hemos hecho por el año 2008, gobernando Rodríguez Zapatero, y lo vamos a seguir haciendo, como es natural, aunque ahora gobierne el Partido Popular", ha sentenciado.
La Junta aprueba 24,5 millones para aumentar 2 % pensiones no contributivas
El Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas sociales de carácter extraordinario para los beneficiarios de las pensiones asistenciales y no contributivas, prestaciones que aumentan un 2 % en ambos casos y superarán el próximo año los 24,5 millones de euros.
Más de 117.000 personas, el 73 % mujeres, se beneficiarán de esta medida que ha aprobado el Ejecutivo andaluz en su última reunión del año.
Las primeras de estas aportaciones se dirigen a los 11.850 perceptores en Andalucía de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos, con un importe total de 12,7 millones de euros.
Su cuantía individual, que se fraccionará en cuatro pagos a lo largo de 2012, asciende a 1.075,65 euros (un 51 % del importe anual total de esta prestación).
De la cifra de personas beneficiarias, unas 8.600 son mujeres.
Por provincias, destacan Málaga, Sevilla y Cádiz, con 2.625, 2.515 y 2.324 pensionistas, respectivamente. Les siguen Almería (1.459), Córdoba (943), Granada (733), Jaén (723) y Huelva (528).
Respecto a las pensiones no contributivas, que percibirán 106.000 personas en la comunidad autónoma, la Junta les abonará en un pago único una ayuda complementaria individual de 111,40 euros, lo que supondrá un gasto total de 11,8 millones de euros.
En este caso, el colectivo de personas beneficiarias también está integrado mayoritariamente por mujeres (72.472).
El reparto provincial lo encabeza Sevilla, con 24.112 pensionistas, seguida de Málaga (22.536), Cádiz (19.799), Córdoba (9.671), Granada (9.209), Jaén (7.029), Huelva (6.838) y Almería (6.806).
Desde 1989 la Junta viene aprobando ayudas extraordinarias para las pensiones asistenciales de personas mayores, enfermas o con discapacidad que carecen de posibilidades laborales.
En el caso de las no contributivas de jubilación e invalidez, el Gobierno andaluz ya concedió ayudas adicionales en 1999 y entre 2003 y 2011.
El Consejo de Gobierno ha aprobado también el decreto regulador del Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), que la Junta presta desde 1998 de acuerdo con la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.
Andalucía se convierte así en la primera comunidad que da cobertura normativa a esta competencia, inicialmente desarrollada por la Administración central en las áreas de Justicia e Interior.
El decreto responde al aumento cualitativo y cuantitativo registrado por el servicio, que actualmente supera la media anual de 10.000 personas atendidas, entre las que destacan las mujeres víctimas de malos tratos.
Durante la última legislatura y hasta la fecha, más de 46.000 personas han sido atendidas.
La regulación incluye la creación del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, órgano consultivo que, entre otras funciones, se encargará de asesorar a los organismos e instituciones públicas o privadas vinculadas a este ámbito.
El órgano estará presidido por la persona titular de la dirección general de la Junta competente en la materia e integrado por diez representantes de la Administración autonómica, tres de los equipos técnicos de los SAVA y uno del Ministerio Fiscal, así como un magistrado y un vocal del Cuerpo de Secretarios Judiciales designados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El SAVA, adscrito a la Consejería de Gobernación y Justicia, es un servicio directo, público, gratuito y multidisciplinar al que puede acudir cualquier persona que haya sufrido un percance motivado por actos ilícitos para recibir tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico y social.
Su estructura se organiza en nueve servicios ubicados en dependencias judiciales de las ocho provincias andaluzas y del Campo de Gibraltar.
