Los interlocutores designados por los ministerios de Justicia, Sanidad e Interior así como por la Fiscalía General del Estado celebrarán este martes su primera reunión de trabajo para exponer sus líneas de actuación en la causa de los 'niños robados'.
Según informaron a Europa Press fuentes del ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, el encuentro contará con la participación de la fiscal Ana Murillo, designada por este departamento para estudiar este caso y estar en diálogo con las asociaciones de afectados por el robo de niños que tuvo lugar desde los años 40 hasta comienzos de los 90.
El Ministerio Público mostrará durante el encuentro su intención de crear una base de datos que permita realizar un inventario y unificar actuaciones respecto de los casi 3.000 casos que ya se acumulan sobre este asunto.
Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía, que han subrayado que las intenciones iniciales para trabajar sobre este asunto "no han quedado en palabras", puesto que este foro celebrará reuniones periódicas con órdenes del día "concretas y determinadas".
Por el momento, desde la Fiscalía General se está trabajando en crear la citada base de datos con el fin de unificar actuaciones y dar respuesta a las peticiones de las víctimas. La idea es que "no se estén dando palos de ciego o se den respuestas distintas en cada uno de los casos", según las mismas fuentes.
Una vez se tenga a punto la base de datos, se trabajará en un protocolo de actuación, que operará en el terreno penal y también en el administrativo, para poder dar una respuesta "concreta y determinada" a los diferentes problemas jurídicos que puedan plantearse.
INSTRUCCIÓN SOBRE LAS INVESTIGACIONES
Además, la Fiscalía trabaja en una instrucción o circular, que puede estar lista a finales de este mes, que dará las pautas sobre cómo deben encararse estas investigaciones y también sobre la calificación de los hechos delictivos.
Las fuentes consultadas consideran "complicada" esta calificación porque, entre otros problemas, afecta a delitos que "existían antes y que ahora ya no existen", y además debe dilucidar dudas jurídicas como la de la compatibilidad entre sustracción de menores con delitos como los de detención ilegal.
El propósito de todos estos estudios pasa porque "la posición del Ministerio Fiscal no impida nunca la persecución de unos hechos "que son absolutamente condenables desde un punto de vista ético, moral e incluso religioso y que tienen una trascendencia penal ciertamente importante", según las mismas fuentes.
En noviembre del pasado año la Fiscalía tenía contabilizados unos 1.100 casos de niños robados, aunque esta cifra podría haberse duplicado e incluso triplicado.
