La comunidad de vecinos formada por 32 familias que han ocupado un edificio vacío en las inmediaciones de San Lázaro en Sevilla, autodenominada Corrala de Vecinas La Utopía, han criticado la “incapacidad” de los servicios sociales para prestar atención a todas las familias que han perdido su hogar y han anunciado que ya han puesto en conocimiento de los juzgados “hechos que podrían suponer coacciones y amenazas realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla”.
En rueda de prensa, la coordinadora general de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdh-A), Maribel Mora, entiende que la actuación municipal ha consistido en una “estrategia organizada”, al “cortar los suministros que ya existían y que estaban activos” antes de que se realojaran las familias e “insinuando la apertura de procedimientos de protección de menores, que tenían como único fin amedrentar a las familias”.
Así, advierte de que pretendían “ocultar la incapacidad de los servicios sociales municipales para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que se derivan de la actual crisis”, ya que “no tienen protocolos adecuados y carecen de recursos”.
También, ha criticado que desde el Ayuntamiento es “habitual derivar casos urgentes a Cáritas, obviando la responsabilidad pública a la hora de prestar soluciones al ciudadano”, mientras que las baremaciones urgentes de vivienda tardan “más de un año” en realizarse.
Mora insta a buscar soluciones y afirma que ni el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ni el Ayuntamiento han contestado al requerimiento que les realizó el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo.
Por su parte, la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación ha señalado en un comunicado que la intervención social se realizará “con las familias que acudan de forma voluntaria a los Servicios Sociales Municipales”, a las que se les facilitará la información sobre los recursos disponibles.
Señala que el Consistorio “se ha personado hasta en tres ocasiones para intentar valorar la situación de cada una de la familias, prohibiéndosele el acceso al edificio y negándose las familias a ser filiadas, lo que hace imposible que los técnicos puedan proporcionarle cualquier ayuda”, dice De Pablos, que añade que este lunes se ha contestado al Defensor del Pueblo.
