El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, imputado en la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, reconoció durante su declaración ante la juez Mercedes Alaya que "heredó" de sus antecesores una serie de compromisos para pagar ayudas sociolaborales que incluían "elementos tóxicos, es decir, se incluyeron personas que no pertenecían a las empresas" en cuestión.
Rivera compareció durante dos días, miércoles y jueves, ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, quien le imputó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, tras todo lo cual lo dejó en libertad después de que ninguna parte pidiera su ingreso en prisión, aunque la Fiscalía Anticorrupción interesó que se le imponga una fianza civil de 57 millones de euros.
Según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, en un momento del interrogatorio la juez le preguntó si "es cierto que las ayudas sociolaborales cuyo pagó continuó" y las ayudas que "concedió" hasta una orden dictada en abril de 2011 "se otorgaron bajo criterios discrecionales al no existir ninguna norma reglamentaria publicada en boletín oficial que objetivase en qué supuestos podían solicitarse y concederse dichas ayudas".
Rivera contestó que "tiene que distinguir entre las ayudas heredadas y las que concedió" él mismo, señalando que "es cierto que las ayudas" que él concedió "eran discrecionales, que no quiere decir que fueran arbitrarias", mientras que, en relación a las "heredadas", existieron "ciertamente elementos de discrecionalidad y además elementos tóxicos", con lo que "se benefició a cierto grupo de personas, de empresas, intencionadamente, y parece ser que a sabiendas de que tales ayudas no iban a destinarse a la finalidad para las que fueron formalmente otorgadas".
El exdirector general de Trabajo, que mantuvo un "tenso" interrogatorio en el que llegó a espetar a la juez que una de las preguntas formuladas "parece una pregunta realizada a una oposición a notarías", dijo que "a esta deducción puede llegar, no sólo por su reflejo en los medios de comunicación, sino a través de su implicación en este procedimiento y por el proceso que se inicia en la Consejería".
"NO COINCIDIÓ EN NINGÚN MOMENTO" CON MÁRQUEZ
En otro momento del interrogatorio, aseguró que "no coincidió en ningún momento" con su antecesor en el cargo, Juan Márquez, con quien "no hizo un relevo", mientras que tampoco "hubo una reunión en la que Márquez le dijera que aquí está el paquete y que él lo recibiera".
En cuanto a la figura de Márquez, el imputado aprovechó su alegato final tras concluir las preguntas de la magistrada para cuestionar que se le impute un delito de infidelidad en la custodia de documentos público, "cuando mi antecesor en el cargo, que reconoció voluntariamente que se habían extraviado presuntamente dos cajas de documentos, no ha sido acusado por tal motivo".
A ello se suma que la exasesora de Trabajo María José Rofa "tampoco" ha sido imputada de dicho delito, cuando "presuntamente ha aportado una batería de documentos que no aparecían incorporados en los expedientes, de los que presumiblemente puedo suponer que fueron extraídos ilícitamente con infracción de los artículos que disciplinan la infidelidad de los mismos por funcionario público".
DEFIENDE SU "HONRADEZ Y DECENCIA"
Durante su alegato final, el encausado dijo que "se ha conducido en todo momento, porque así se le instruyó categóricamente por el consejero de Empleo, bajo la premisa de plena colaboración con la Administración de Justicia y con la Policía Judicial", y que "bajo los mismos criterios de honradez y de decencia, quizás con mucha ingenuidad y en la confianza legítimamente depositada en personas que fueron colaboradoras mías, todas las decisiones adoptadas se han regido por el entendimiento de que, no sólo eran respetuosas con la Ley, sino justificativas de atender los problemas sociolaborales y de empleo que tenía encomendados por su cargo".
De igual modo, puso de manifiesto que "no conoce ni de lejos ni de cerca a ninguna persona intrusa, ni a quien los introdujeron o pudieron introducir presuntamente", así como que "le repugna como ciudadano y como militante de un partido político la existencia de corrupción, porque quien es corrupto no puede ser socialista".
Igualmente, señaló que "los expedientes que se gestionaron respecto al pago de pólizas estaban bajo la custodia" de María José Rofa, mientras que "aquellas ayudas autorizadas y abonadas fundamentalmente en la época de Guerrero estaban bajo la custodia de Rocío Sayago", añadiendo que "a esos expedientes en ningún momento se accedió, sino a partir de que se tienen noticias, no sólo de la inclusión de intrusos en las pólizas, sino cuando empiezan a aparecer noticias en relación a estas ayudas".
DEFIENDE QUE NO HA BENEFICIADO A NADIE
Por último, dijo que, "a pesar de haber manejado una cantidad elevada de dinero público, no ha beneficiado, ni económicamente, ni de ninguna otra manera, en ningún caso y bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, a ninguna persona".
En otro momento, antes del alegato final, Rivera dijo que no fue advertido de la ausencia de fiscalización previa en el caso de las ayudas sociolaborales ni por Rofa, ni por la responsable del presupuesto, la secretaria general técnica, el gabinete jurídico o la asesora de IDEA, lo que motivó que la juez le preguntara "por qué le echa la culpa a los demás siendo el máximo responsable de la Dirección de Trabajo quien debía conocer que las subvenciones debían contar" con la referida fiscalización.
La comparecencia de Rivera finalizó este jueves, después de que Anticorrupción interesara que se le imponga una fianza civil de 57 millones de euros, mientras que la Junta, coincidiendo con un cambio en el letrado que le representa como acusación, pidió, por vez primera, que no se le impusiera ninguna medida cautelar.
Anticorrupción pide una fianza civil de 57 millones para el exdirector general de Trabajo Rivera
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, imputado dentro de la causa por los ERE fraudulentos, petición a la que se han adherido las acusaciones que ejercen PP y Manos Limpias.
De su lado, la Junta de Andalucía ha solicitado, por vez primera, que no se imponga ninguna medida cautelar al imputado, lo que coincide con el cambio de letrado de la Administración autonómica en este caso. A la petición de la Junta se ha adherido el sindicato UGT.
