El Ministerio de Defensa ha mostrado su intención de mantener el Hospital Básico de San Carlos como Hospital General de Defensa, “no como policlínico”, pero no está dispuesto a hacerlo por sus propios medios. Para ello precisa del concurso de la Junta de Andalucía a través de la ampliación del convenio que haga viable el proyecto, pero no mediante el traspaso de las instalaciones a la Comunidad Autónoma como se ha hecho en otras ocasiones en los que los centros han dejado de tener interés para el sistema sanitario militar, sino como aliada necesaria para mantenerlo bajo la jurisdicción militar.
Al menos hay contactos entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Ministerio de Defensa, lo que no es poco, dando cumplimiento a la promesa del vicepresidente andaluz, Diego Valderas, de establecer una hoja de ruta. Otra cosa es que esa ruta lleve más o menos lejos en función de la capacidad de entendimiento y, sobre todo, de la disponibilidad económica de ambas administraciones, que es poca por ambas partes.
De hecho y según información que ha llegado a este periódico tanto desde la plataforma por el uso compartido del Hospital de San Carlos como desde Izquierda Unida, la Junta de Andalucía ha hecho entrega de un borrador de nuevo convenio al Ministerio de Defensa para su estudio y ambas administraciones tienen un calendario de reuniones para ir avanzando en las posibles soluciones.
Los dos problemas con los que se enfrentan ambas administraciones –cada una con uno- son los que ha venido apuntando este periódico desde que los trabajadores del centro hospitalario de Defensa salieron a la calle. Una es la situación estructural del Hospital de San Carlos que como ha venido diciendo desde hace un decenio el delegado provincial de Salud –que lleva un decenio en el cargo- Hipólito García, necesita mejorar para ponerse al nivel de los centros del Servicio Andaluz de Salud.
Esa es al menos la opinión de la Junta que pone la patata caliente en manos del Ministerio de Defensa para convenir lo que se pueda tras las negociaciones pertinentes. O sea, que pasa por un desembolso en adecuación de las instalaciones con cargo al presupuesto estatal.
La otra es el problema de la estutarización del personal del Hospital de San Carlos, que está aún pendiente de ser integrado en la red sanitaria. Las intenciones del Ministerio de Defensa eran en un principio que esa estatutarización la absorbiera la Junta de Andalucía, a lo que se ha negado siempre y a lo que ya ni siquiera aspira a conseguir el Ministerio de Defensa, habida cuenta de que el SAS está en proceso de reestructuración de su plantilla, que es el eufemismo que usa la administración para decir que va a recortar por donde pueda y un poco más.
Ahí es donde entran las medias tintas, ya que la estatutarización depende del convenio al que se llegue, de la amplitud del mismo y si se parte de la primera premisa de que siga un Hospital General de la Defensa, las dos partes tendrán que negociar, si lo hacen, sobre quién se hace cargo de la plantilla. Y todo eso debería ser tras un acuerdo rápido, ya que el plazo para llevar a cabo el proceso de estatutarización termina en diciembre de este año.
Visita del Igesan
Esas son las conclusiones que se sacan de la visita que esta semana ha realizado al Hospital Básico de San Carlos el inspector general de Sanidad de Defensa (Igesan), Luis Hernández Herrero, y de sus conversaciones con la representante de la plataforma por el uso compartido, María del Carmen Rodríguez Íñigo, contrastadas con los posicionamientos que mantiene la Junta de Andalucía sobre el particular, que se mantienen en el tiempo y que se resumen en que sin convenio no hay continuidad del centro y que la estatutarización es una patata caliente que puede convertirse en la piedra de la discordia final.
Desde la plataforma, visto que al menos hay contactos, prefieren ser moderadamente optimistas y a través de una nota de prensa valoran el esfuerzo, “y es muy positivo que se estén llevando a cabo estas reuniones, pero es importante que uno y otro estamento analicen para incluir en esta ampliación, no sólo aquellas áreas que por sus características estimen convenientes para sus respectivos intereses, sino aquellas que demanda la población, y para ello la Plataforma se reitera en la necesidad de mantener contacto con los organismos implicados en la negociación de esta ampliación: Subsecretaría de Defensa, Igesan y Consejería de Salud”.
En el comunicado insisten en que la Plataforma sigue y seguirá trabajando este verano en la difusión a las asociaciones y entidades, así como en otras medidas, como por ejemplo en la elaboración de pancartas, que ya comienzan tímidamente a mostrarse en fachadas y balcones. “En breve esperamos que San Fernando se inunde con ellas para que todos los que vengan se enteren de cuál es la situación sanitaria de la población”.
