La situación del Hospital General de la Defensa de San Carlos no es nueva como elemento de disputa entre los partidos políticos y de discrepancias e intentos de limarlas de las administraciones involucradas. Antes bien, es lo normal desde que en 1999 se rompió el convenio supuestamente por las discrepancias económicas y la incapacidad de la comisión creada al efecto para encauzar lo que conocidas las actas de las reuniones que este periódico dio a conocer, daba la impresión de que nadie quería encauzar.
No es de extrañar que ante el recorrido histórico del uso y del desuso del hospital -dos plantas en invierno y una sola en verano de las doce que tiene- la nueva propuesta de la Junta de Andalucía no se vea con ojos ni buenos ni malos, sino con el cansino ceremonial de lo que se repite de forma cíclica y termina sin solución alguna.
Desde los tiempos en los que el Partido Popular, a través de su parlamentario Jesús Mancha, dijera que si la Junta quería un hospital que lo construyera que ese era para los militares, hasta que el casi eterno delegado provincial de Salud, Hipólito García, negara cualquier convenio que no fuera el de mínimos que existe actualmente porque el centro no cumplía con los estándares de calidad de las dependencias del Servicio Andaluz de Salud, han pasado dos periodos en los que uno ha querido y el otro no y no hubo acuerdo.
Ahora, sin embargo, que los dos quieren, cada uno quiere una cosa distinta según sus necesidades. Unas necesidades entre las que no se encuentra solucionar el futuro de la plantilla del centro que está siendo sometida a la tortura psicológica a la que se ven sometidos los trabajadores de toda empresa con un horizonte cada vez más oscuro.
