Una treintena de alumnos matriculados en el colegio La Salle Buen Pastor lo hace desde hace años con medidas cautelares, según denuncia uno de los padres afectados, Agustín Ladrón de Guevara. Esta situación se puede prolongar durante años, como es de hecho la práctica habitual, pero de un tiempo atrás los padres con menores afectados por esta situación han detectado un “cambio de criterio” en la sentencia de los jueces. Las consecuencias, tal y como expone Ladrón de Guevara, empiezan a adquirir tintes “dramáticos” y no han tardado en llegar, lo que ha hecho que las familias que están en estas circunstancias empiecen a movilizarse y hayan empezado a dar los primeros pasos para crear una asociación de damnificados. “Queremos una solución, porque este colegio es el que tiene el mayor porcentaje de medidas cautelares y no se puede echar a un niño que ha estado con sus compañeros toda la vida de un día para otro y enviarlo a otro colegio”, se queja.
Según sus estimaciones, en lo que va de curso las sentencias desfavorables de los jueces han sacado del centro a cuatro alumnos, y Agustín se teme que en cualquier momento sufra en sus carnes lo que hace solo unos días le tocó a otro escolar al que se le ha adjudicado el colegio Al-Andalus, que abandonó su centro llorando.
En su caso, sus dos hijos de cuarto y primero de Primaria tienen medidas cautelares y la rapidez con la que han detectado que están saliendo las sentencias le mantiene casi sin dormir de pensar que tengan que cambiar de compañeros y de profesores de un día para otro. Por ello, además de estudiar concentraciones a las puertas del centro, los padres están organizándose y ya han solicitado una reunión con la delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo, puesto que aseguran que “sólo está en su mano tanto ejecutar la sentencia” (que es la tendencia) como no ejecutarla o abrir la ratio, como se hace en otros colegios del país”, concluye.
Por ello, los padres lo tienen claro y el próximo martes se trasladarán a la sede de la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Cádiz con pancartas y bocinas para manifestarse y exigir una solución a esta situación.
El letrado Manuel Luis Fernández es especialista en este tipo de casos desde hace años y sitúa el origen de los problemas de estos padres en una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2012 que ha marcado jurisprudencia y a la se que aferra ahora la sala de lo contencioso de Sevilla.
Este fallo ha marcado un punto de inflexión puesto que concluye en que ningún tribunal puede ampliar la ratio de una clase si entienden que se vulnera un derecho fundamental como es 27.3, que regula el derecho de los padres a elegir centro para sus hijos. ¿Qué ha ocurrido a partir de entonces? Pues como bien explica este abogado especialista, la sala de lo contencioso de Sevilla ha “reculado” y aunque no cierra la puerta, mantiene el criterio de que sólo ampliará la ratio “tras un análisis pormenorizado de cada caso”, lo cual no quiere decir que las sentencias vayan a ser desfavorables a partir de ahora.
“Más voluntad” de la junta
No obstante, el letrado reconoce que este punto de inflexión ha provocado que en el último año se estén estimando más recursos de la Consejería de Educación contra las medidas cautelares planteadas por los padres que anteriormente, lo que se está traduciendo en estas expulsiones de alumnos durante el curso. Una medida que, en cualquier caso, está en manos de la Junta, ya que es esta administración la que tiene la potestad de ejecutar la sentencia -contra la que cabe pocos recursos- y la que debe velar por los alumnos en tanto que puede esperar a que estos terminen el curso en su centro antes de ordenar el traslado inminente. “La Junta se está aferrando al hecho de que tiene que cumplir la sentencia, y nadie le está diciendo que no la cumpla sino que la ejecute de la forma más favorable para el niño, y eso es esperando al menos a que termine el curso y lo puede hacer y de hecho lo ha hecho”.
De otro modo, como señala, lo que queda demostrado es la “poca voluntad” de la Consejería de Educación por arreglar el conflicto. “Cambiando al niño en medio del curso le va a acarrear un problema al niño, a su familia y al nuevo colegio al que lo traslada”, critica.
También es sintomático de esa “buena voluntad” ampliar la ratio como así lo posibilita un decreto estatal que permita incrementarla hasta cinco niños por aula, añade Fernández, por circunstancias excepcionales. “Si no la aumenta es porque no quiere”, añade.
