El Gobierno municipal quiere dejar claro que todas las medidas que se han llevado a cabo durante la huelga de la basura se han hecho cumpliendo la “más estricta legalidad” y con tres informes técnico, sanitario y jurídico que justifican la actuación llevada a cabo ante la acumulación de más de 3.300 toneladas de basura en las calles de la ciudad como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos.
El Ejecutivo recuerda que toda esta documentación se puso a disposición del Juzgado de Guardia, el pasado lunes 19 de noviembre, con el objetivo de denunciar ante la autoridad judicial los hechos acaecidos en la madrugada del pasado domingo, 18 de noviembre, y poner en conocimiento del juez los tres informes que justifican las medidas tomadas por el Gobierno local para garantizar el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Andalucía del 50 por ciento de servicios mínimos.
El Gobierno muestra su más absoluta tranquilidad ante la denuncia del comité de Urbaser ya que todas las medidas se han tomado para garantizar la salubridad de los ciudadanos, desde la responsabilidad y la obligación moral de velar por el interés ciudadano. En este sentido, recuerda que, entre los informes presentados, se encuentra el jurídico donde se pone de manifiesto que con la medida el Gobierno no se ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores, mientras que en el sanitario se pone de manifiesto los peligros que existen para la salud pública la acumulación de residuos en las calles.
El Ejecutivo explica que la actuación de la empresa pública Tragsa en ningún caso ha supuesto realizar unos servicios mínimos superiores al 50% marcado en el auto del TSJA, sino que han venido a apoyar las labores de la empresa Urbaser para cumplir con unos servicios mínimos que no se estaban realizando con la celeridad que debiera hacerse.
Igualmente, defiende la actuación de la alcaldesa María José García-Pelayo que ha actuado cumpliendo con lo señalado en el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, así como lo establecido en los artículos 124.4 y 25.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como se recoge en el informe jurídico.
Asimismo, el Ejecutivo advierte que de “toda esta actuación se dio cuenta en la Junta de Portavoces del pasado lunes 19 de noviembre, donde se entregaron todos los informes que se han presentado en el Juzgado”.
