La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha remiti-do hoy al Ayuntamiento de Sevilla un requerimiento instando al Consistorio a anular el cierre de la Estación de Autobuses del Prado por suponer un grave perjuicio para el interés de sus usuarios y para la movilidad en la ciudad y su área metropolitana. “Con el cierre acordado de forma opaca, inflexible y repentina, Sevilla perdería innecesariamente un núcleo fundamental de su sistema de movilidad y un enlace intermodal con la Línea 1 del Metro, des-montando además un pilar esencial de su privilegiada estructura policéntrica”, ha explicado Granada Santos, delegada territorial de Fomento y Vivienda, que se ha preguntado “qué modelo de movilidad tiene el Gobierno local, si es que tiene alguno, cuando haciendo un uso de sus competencias completamente ajeno al interés general decide cerrar de golpe y porrazo una estación tan bien ubicada y conectada sin explicar los motivos ni las alternativas”.
El requerimiento remitido por la Consejería insta al Consistorio a “anular o revocar el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla celebrada en sesión plenaria el 9 de noviembre”, acuerdo que fija el cierre de la estación “a la mayor brevedad posible” para poner dicho inmueble a disposición de la empresa municipal de autobuses Tussam. “Desde que adoptó aquel acuerdo, el Ayuntamiento se ha limitado a informarnos somera-mente de cuáles serían las paradas alternativas, sin explicar en qué modelo se insertan, desoyendo hasta dos reclamaciones de información realizadas por la Consejería, cuya respuesta sería fundamental para poder formarnos un juicio completo del impacto que el cierre de la estación tendrá para los viajeros”, ha señalado Santos.
“En vez de responder a nuestras solicitudes de información, el Gobierno local se ha limitado a comunicar a los medios de comunicación una fecha, el 1 de enero, para el cierre de la estación, en una actitud apresurada y carente de diálogo y lealtad institucional”, ha lamentado Santos. “El edificio es municipal y el Ayuntamiento tiene plena competencia para cerrarlo. Es algo que ninguna otra administración puede evitar. No obstante, la Junta tiene atribuidas por el Estatuto de Autonomía competencias sobre los transportes terrestres cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura en que se desarrolle, por lo que es inadmisible que el Ayuntamiento obre con semejante desprecio por el criterio del Gobierno andaluz”, ha añadido la delegada territorial de Fomento y Vivien-da.
En la notificación remitida al Ayuntamiento, la Consejería sostiene que el cierre de la Estación del Prado “origina perjuicios a las personas usuarias de los servicios de transporte intermunicipal” que se prestan en la misma, perjui-cios que se concretan en la “pérdida de seguridad, accesibilidad y comodidad propias del Prado”. “Dicho interés general” de los viajeros, precisa el requeri-miento, debe “prevalecer sobre otros intereses particulares” que el Ayunta-miento de Sevilla “pretenda satisfacer”.
El requerimiento invoca la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que señala que las instituciones públicas deben actuar y relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional y deberán ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados, incluidos los enco-mendados a otras administraciones.
Apoyándose en el artículo 44 de la Ley 29/1988 reguladora de la Juris-dicción Contencioso-Administrativa, que prevé que una administración puede requerir a otra la derogación de cualquier disposición, la Consejería de Fo-mento y Vivienda insta al Ayuntamiento a dejar sin efecto el trámite de cierre del Prado. “Un examen social y territorialmente racional debería bastar para que el Ayuntamiento diera marcha atrás y no sacrificase de esta forma apresu-rada y sin transparencia una estación tan privilegiada e insustituible”, ha señalado Santos, que ha recordado que el Parlamento de Andalucía ya ha instado al Ayuntamiento a desistir de su pretensión de cerrar la estación.
En caso de que el Ayuntamiento “persista en su actitud irresponsable” y culmine el cierre de la estación, Santos ha reiterado, en línea con lo mantenido por la Consejería de Fomento y Vivienda desde que se conocieron los planes del Ayuntamiento con respecto al Prado, que la Junta mitigará el impacto de esta decisión municipal y velará por la seguridad y la comodidad de los usuarios, que en ningún caso se verán privados del servicio.
Santos ha recordado, por último, que la Consejería de Fomento y Vi-vienda trabaja, en el marco de un amplio proceso de participación social, en la redacción del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una norma que regulará las obligaciones de las distintas administraciones sobre el transporte público, planteando los instrumentos que faciliten los desplazamientos sostenibles y fomentando la intermodalidad entre los medios de transporte.
