El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebra una vista el próximo día 13 para debatir los recursos presentados por los cuatro acusados en el caso Camas de soborno a una concejal, entre ellos el exalcalde Agustín Pavón (IU), que fueron condenados a un año y dos meses de cárcel cada uno.
Los cuatro procesados fueron declarados culpables de un delito de cohecho por intentar sobornar con 12.000 euros, en el año 2006, a una exconcejal de IU para conseguir su voto en varias iniciativas municipales.
Todos ellos han pedido la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla y la consiguiente repetición del juicio porque se impidió al jurado "examinar las propuestas alternativas de las defensas y el objeto del veredicto se conformó de forma exclusiva con las peticiones del Ministerio Fiscal".
Los tres políticos condenados (Pavón, el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile y el exconcejal del PA José del Castillo) comparten ahora como abogado a José Manuel Ramos Cardona, mientras que el empresario Eusebio Gaviño sigue defendido por Encarnación Molino en su apelación ante el TSJA.
El pasado 11 de diciembre, la Audiencia impuso a cada condenado un año y dos meses de cárcel y 15.000 euros de multa, tras un veredicto que se basó en la detención de Gaviño nada más entregar a la concejal que iba a ser sobornada un sobre con 12.000 euros y declarar válidas las grabaciones de las reuniones en las que presuntamente se planificó el soborno.
El recurso de Ramos Cardona argumenta que no se dio la oportunidad a los miembros del jurado de votar si las reuniones de los procesados con el exmilitante de IU Francisco Gordo y la concejal Carmen Lobo "tenían como finalidad que esta última volviera al equipo de Gobierno ante la noticia, que luego resultó falsa, de que había sido absuelta" del delito que motivó su expulsión de IU.
Además, el jurado no pudo valorar "si la situación fue creada y provocada por los denunciantes con animo de venganza" y si en la reunión que tuvieron los políticos con Gordo "este era el único que pedía dinero, con clara intención de preconstruir pruebas al llevar encima una grabadora".
Por su parte, la defensa del empresario Gaviño alega en su recurso que los informes médicos sobre su cliente, que sufrió un ataque de ansiedad que obligó a aplazar el juicio varios días, fueron leídos al jurado, lo que "lo predispuso en su contra".
Ese aspecto se vio agravado por su ingreso en prisión, decretado el 30 de octubre de 2012 ante su incomparecencia a juicio, lo que según la defensa transmitió a los miembros del jurado la imagen de que "había obstruido deliberadamente la celebración del juicio".
Al haber estado suspendida la vista más de cinco días, era "imperativa la disolución del jurado", argumenta Molino en un recurso al que ha tenido acceso Efe, que también pide al TSJA la nulidad de la vista oral y su repetición.
