Centenares de seguidores del expresidente egipcio Mohamed Mursi, derrocado el 3 de julio a través de un golpe de Estado, han iniciado este lunes una sentada frente al Tribunal Supremo para solicitar la dimisión del fiscal general, Hesham Barakat, por lo que han descrito como un fracaso a la hora de juzgar la muerte de manifestantes islamistas a manos de las fuerzas de seguridad desde la caída del exmandatario.
Los manifestantes han acusado asimismo a Barakat de "detener ilegalmente al presidente" y a diez de sus asesores, según ha informado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'. Asimismo, han denunciado la campaña de arrestos e incitación contra los líderes de la organización islamista Hermanos Musulmanes.
Este mismo lunes, las autoridades egipcias han prorrogado 15 días más la detención de Mursi, acusado de colaborar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el asalto a una prisión durante la revolución contra el expresidente Hosni Mubarak en 2011 para liberar a varios centenares de presos, entre ellos el propio expresidente.
Hermanos Musulmanes y sus aliados han acusado a las nuevas autoridades de acceder al poder a través de un golpe de Estado militar y de lanzar una campaña de represión contra los movimientos islamistas. Decenas de altos cargos islamistas, entre ellos el propio Mursi, han sido arrestados y acusados de diversos delitos y crímenes.
Entre las medidas más criticadas adoptadas por el nuevo Gobierno está el restablecimiento por parte del Ministerio del Interior de las funciones de lucha contra el extremismo y control de las actividades políticas y religiosas, suspendidas tras la revuelta que puso fin al Gobierno de Mubarak.
Casi 300 personas han muerto debido a la violencia política desde el derrocamiento de Mursi, la mayoría de ellas seguidores de formaciones islamistas. Sólo el 27 de julio murieron unos 80 simpatizantes del presidente por disparos presuntamente efectuados por las fuerzas de seguridad.
