El desahucio de la corrala de Buena Ventura, en la calle Ventura Rodríguez de Málaga capital, ya ha finalizado tras desalojar este jueves a las personas que se resistían a desocupar este inmueble, saldándose con al menos tres detenidos por, presuntamente, resistencia y desobediencia a la autoridad, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
El secretario judicial llegó sobre las 09.30 horas para notificar el desalojo por orden judicial. A continuación, entraron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para echar a los activistas que permanecían encerrados en la azotea, unos siete. Dos de ellos fueron sacados por los agentes, resistiéndose cinco a abandonar el edificio.
No obstante, al final, ha sido tres las personas que se opusieron a desalojar el inmueble, permaneciendo encaramadas en la azotea, por lo que, por motivos de seguridad, se solicitó la intervención del Real Cuerpo de Bomberos, según ha indicado el comisario provincial de la Policía Nacional, Pedro Garijo. En torno a las 13.00 horas, estos tres activistas decidieron bajar por su propio pie, siendo detenidos.
Entre las personas encerradas no había menores, ya que las familias okupas abandonaron voluntariamente el edificio este pasado miércoles, según el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares. "Solo una o dos se quedaron en forma de apoyo y para mostrar su desacuerdo por la orden de desalojo judicial", ha expuesto.
APOYO
Entre las numerosas personas que se encontraban en la calle para mostrar su oposición al desalojo, se encontraban los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga Eduardo Zorrilla y Antonia Morillas.
Pese al testimonio de algunos vecinos acerca del uso de violencia por parte de la Policía, el comisario ha asegurado que "no ha habido ningún incidente ni enfrentamientos". "No se ha utilizado ningún elemento antidisturbios", ha afirmado.
De las 12 familias que residían en este inmueble, 11 han recibido, a través del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, ayudas económicas para garantizarles el acceso a una vivienda, según han precisado fuentes municipales.
Solo una ha sido excluida de estas medidas al comprobarse que es titular de una casa del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en la barriada de La Corta.
