La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de tres etarras y un miembro de los GRAPO a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para alargar su estancia en prisión, informaron fuentes jurídicas.
Los etarras excarcelados son el miembro del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', condenado por 14 asesinatos y que actualmente cumple condena en el centro penitenciario de Córdoba; así como los presos de la denominada 'vía Nanclares' Luis María Lizarralde Aguirre e Ignacio Recarte Ibarra. Del mismo modo, la Audiencia Nacional acuerda la excarcelación del miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Jaime Simón Quintela.
Así lo han acordado las Secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Penal, que acuerdan la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales, en vista del acuerdo adoptado el pasado día 12 por el Tribunal Supremo en el que ordenaba que los tribunales sentenciadores en cada caso ejecutaran la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'.
Además de estos cuatro reclusos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la excarcelación de otros nueve, entre los que se encuentran Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Vic (Barcelona) en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños; y Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos y que está ingresado en la cárcel de Jaén.
La Sala de lo Penal también se tendrá que pronunciar en los próximos días sobre los casos de los etarras Javier María Goldaraz Aldaya, Miren Maitane Sagastume Arrieta, Joaquín Urain Larrañaga y José Ignacio Etxeberria Pascual; y los miembros de los GRAPO Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero, interna en la prisión de Huelva, y Encarnación León Lara.
30 EXCARCELADOS
De esta forma, se eleva a 30 el número de asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'.
De ellos, 27 son miembros de la organización terrorista ETA y dos de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.
Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López.
El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.
El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.
El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.
"PRIVACIÓN DE LIBERTAD IRREGULAR"
La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.
