La delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Córdoba, María de los Santos Córdoba, ha explicado este jueves que las 56 familias que residen en el Patio Pico Aneto, en la barriada de Las Palmeras, en la capital cordobesa, donde se aplica la experiencia piloto de trabajo comunitario en el parque público de viviendas de la Junta para compensar las rentas de arrendamiento de familias deudoras de "buena fe", abonan unas cuantías mensuales de 30 euros en la actualidad, si bien todavía no se han seleccionado.
Al respecto, la delegada ha informado en la presentación de la medida de que actualmente se está estudiando el perfil de los inquilinos para seleccionar a las primeras familias, a las que la Junta compensará el alquiler mediante tareas en sus viviendas y zonas comunes.
"Hemos seleccionado esta barriada debido a que es una zona especialmente castigada por el desempleo, con niveles que superan el 80%, lo que sin duda se está dejando notar en la capacidad de los vecinos para hacer frente a las rentas de arrendamiento", ha aclarado Córdoba.
La Consejería que dirige Elena Cortés desarrolla este proyecto piloto también en Granada, donde ya hay cinco familias seleccionadas que han empezado a compensar sus rentas con trabajos en las zonas comunes de su edificio, Almería y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), experiencias que se extenderán a otras promociones.
"La Consejería no desahucia a nadie en el parque público por no poder pagar, atendiendo a la situación de emergencia social y habitacional que atravesamos", ha añadido la delegada. "Esta paralización de los desahucios no significa en modo alguno que la Junta haya dejado de ejercer una labor del control riguroso del parque público, sino todo lo contrario", ha añadido Córdoba.
"Aunque la inmensa mayoría de los inquilinos de las viviendas abonan su renta, hay una minoría que, pese a mostrar su disposición a hacerlo, no puede hacer frente a los pagos. Esta medida del alquiler compensado refuerza el vínculo de responsabilidad de estas familias con lo público en unos momentos de dificultad", ha explicado.
La delegada territorial, acompañada de los vecinos participantes en la iniciativa, ha subrayado que este proyecto constituye "una oportunidad para dignificar lo público y para crear comunidad, implicando a las familias residentes en el cuidado del patrimonio de vivienda andaluz".
María de los Santos Córdoba ha subrayado que "una vez que culmine el proceso de verificación de las familias, éstas podrán comenzar a realizar los trabajos comunitarios". En todos los casos se trata de obras menores relacionadas con el acondicionamiento de las zonas comunes de los edificios en los que residen o con el interior de las viviendas.
En el desempeño de estas labores, esas personas estarán supervisadas por personal técnico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antes EPSA) y por los trabajadores sociales que actúan permanentemente en la barriada de Las Palmeras desarrollando labores de inserción integral de esta población residente en el conjunto de la ciudad.
REHABILITACIÓN INTEGRAL
La delegada territorial ha señalado que esta experiencia piloto se enmarca en la política de intervención residencial y social que desarrolla la Junta de Andalucía en esta barriada para lograr la integración de su población en el conjunto de la ciudad desde la corresponsabilidad con el mantenimiento del patrimonio público residencial y del barrio.
En cumplimiento de esos objetivos, Córdoba ha aclarado que la Consejería está aplicando en Pico Aneto una medida que permite que el 25 por ciento del personal empleado en la obra de reparación que está llevando a cabo en la zona proceda de la barriada de Las Palmeras. Paralelamente el departamento que dirige Elena Cortés ha puesto en marcha un taller formativo encaminado a concienciar a los vecinos de la importancia del correcto mantenimiento de las viviendas.
Este taller, que cuenta con doce personas y finalizará el 31 de enero de 2014, pretende que los alumnos aprendan a realizar pequeñas reparaciones de forma autónoma tanto en el interior de las casas como en las zonas comunes de los bloques con el fin de que sean ellos los principales actores de la mejora de la habitabilidad del patrimonio residencial público.
En la provincia de Córdoba, la Junta posee un parque público residencial de 8.383 inmuebles que garantizan el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas familias con escasos recursos que no pueden ejercerlo en el mercado libre. En el resto de Andalucía este patrimonio se eleva a más 80.000 viviendas repartidas en medio millar de municipios y en las que residen 350.000 personas.
