El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha recibido por parte de las autoridades gubernamentales de Bahamas las declaraciones en calidad de imputados del actor Sean Connery y su esposa en relación con el caso 'Goldfinger', en el que se investiga la operación urbanística y financiera desarrollada en la parcela donde estaba el chalé que fue propiedad del matrimonio en Marbella.
El juez que investiga esta causa acordó en mayo del pasado año abrir una pieza separada con todo lo relativo a los Connery y reiterar la comisión rogatoria --petición de colaboración internacional-- dictada en diciembre de 2010, para que se ejecutara completamente y se tomara declaración a ambos como imputados, dando un plazo de seis meses para estos trámites.
Ahora, en un auto, por el juzgado se hace constar, dentro de ese plazo de seis meses para que se cumplimentara la comisión rogatoria a Bahamas, la recepción de documentación remitida por las autoridades de dicho país, que consiste en copia de las declaraciones juradas del matrimonio, efectuadas por escrito ante una persona como notario autorizado y los abogados del matrimonio.
El instructor destaca en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que en las declaraciones se constata que estas fueron efectuadas el 21 de febrero de 2012, "lo que no deja de sorprender toda vez que carece de explicación un retraso en su remisión de algo más de un año y medio" desde que se realizaron hasta que se remitieron en septiembre del pasado año.
Asimismo, se precisa que aunque no han sido remitidas "por medio del cauce procesal adecuado", que sería a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, "no por ello debe entenderse inválidas dado que cuanto menos hay que presumir que las garantías constitucionales de los imputados han sido respetadas".
En este sentido, el juez explica que Connery y su mujer fueron asesorados tanto por sus letrados españoles como en presencia de abogados en Bahamas, donde se realiza la declaración; por lo que el juzgado tiene por efectuadas las declaraciones en calidad de imputados del matrimonio y da por concluida la comisión rogatoria internacional dictada en diciembre de 2010.
Así, acuerda comunicar a la Subdirección de Cooperación Jurídica esta resolución y solicita que requieran que las autoridades judiciales de Bahamas envíen toda la documentación original. Además, se dispone que se unan las declaraciones a la pieza separada abierta en su momento "para dictar la resolución correspondiente". Además, se tiene por personado a un letrado en representación del matrimonio.
Asimismo, en el auto se recuerdan todas las diligencias practicadas y resoluciones dictadas en relación con el matrimonio dentro de esta causa, como que se requirió para que prestaran una fianza de 3,3 millones de euros en que se calcula las posibles responsabilidades civiles por los supuestos perjuicios, requerimiento que "no ha podido ejecutarse".
El Juzgado de Instrucción número 1 marbellí acordó en septiembre pasado la apertura de juicio oral contra 17 personas, entre ellas el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, por este caso y por los delitos de fraude, delitos contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de un delito de fraude y dos delitos contra la ordenación del territorio; mientras que a Roca se le acusa, además, por cohecho. Asimismo, se acordó abrir juicio oral contra cinco exconcejales de Marbella, dos abogados, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros, toda vez que la parte relativa a los Connery quedó en otra pieza, al igual que los delitos de blanqueo de capitales.
Este procedimiento se inició por la querella de Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. --propietaria del chalé de los Connery-- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.
Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.
