El dictamen del PP, de 62 páginas, fue aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión en la que la oposición ha vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión y el PSOE ha confirmado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional.
La principal conclusión del dictamen aprobado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona”.
También considera que la Comisión de investigación “no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario El País” y “confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso”.
El PSOE, en cambio, ha presentado un informe, de 78 folios, que concluye que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es la “máxima responsable política del asunto” y considera “responsable directo” al consejero Granados, por lo que exige su “cese inmediato”.
El PSOE se basa en las informaciones de El País y en las declaraciones de las víctimas de espionaje para dar por “acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje”.
A su juicio, El País aporta "pruebas irrefutables" de que la trama o tramas están "vinculadas a la administración autonómica" y "relacionadas con las peleas internas por el control político o económico del PP".
También IU ha concluido que "ha habido espionaje" y que una "actuación de este calado no se circunscribe al ámbito de una Consejería y no puede hacerse sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos que afectan al Gobierno regional".
En su informe, de 62 páginas, argumenta que el espionaje está "localizado en la Consejería de Presidencia e Interior (hoy Presidencia, Justicia e Interior), donde existe personal y estructuras que no responden a ninguna de las competencias asignadas en el Estatuto a la Comunidad en materia de seguridad y desde donde se han efectuado las actuaciones irregulares", por lo que pide la dimisión de Granados.
Los dos grupos de la oposición han incluido en sus informes -que elevarán al pleno de la Cámara en forma de votos particulares- una serie de recomendaciones dirigidas a reabrir la comisión, reordenar la estructura de la Consejería y reformar el funcionamiento y composición de las comisiones de investigación.
