En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA también demanda que el Parlamento muestre su rechazo a la decisión del Gobierno Central de poner en venta dicha la finca, que supone el mayor latifundio de este país, situado íntegramente en suelo andaluz.
El grupo parlamentario reclamará en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que la Junta vuelva a reclamar al Gobierno la cesión de competencias para la gestión y explotación de la finca La Almoraima o, en su defecto, la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto.
Asimismo, IULV-CA solicita que la Junta, en el ámbito de sus competencias, dote de una figura jurídica de protección a la finca, que favorezca el desarrollo de actividades y la consiguiente creación de empleo, compatibles con la sostenibilidad de la misma y, no ponga en riesgo su potencial presente y futuro.
En la exposición de motivos, se recuerda que el pasado 20 de marzo el Parlamento aprobó, a iniciativa del Grupo Parlamentario de IULV-CA, una proposición no de ley en la que se acordaba solicitar al Estado la cesión de la finca de la Almoraima, gestionada por la administración central desde mediados de los ochenta.
Si bien, a pesar de las peticiones de mejora realizadas, de los proyectos del Ayuntamiento de Castellar y de empresas que han estado interesados en implantar diversas actividades productivas compatibles con las características del latifundio y de su entorno protegido, "el Gobierno se ha negado con rotundidad a aceptar cualquier propuesta de mejora para la misma".
Para IULV-CA, "aplicar fórmulas de recuperación basadas en la voracidad constructiva, el abandono de la diversificación productiva sostenible y la retirada de lo público para que el mercado campe a sus anchas son errores capitales que no deben volver a cometerse".
