El Ayuntamiento de Jaén ha afirmado que este miércoles que el vertedero municipal "no está colmatado ni por asomo" y ha solicitado a la Junta de Andalucía "que respete la autonomía local en el marco de sus competencias".
Así lo ha indicado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Márquez, después de que desde el Gobierno autonómico se haya instado al Consistorio a buscar un nuevo emplazamiento para estas instalaciones, "dado que las actuales no pueden ser ampliadas y el tiempo de vida del depósito se estima de un año y medio a dos".
Tras considerar que "se saca un conejo de la chistera", ha añadido que es "un poco grosero que la Junta diga qué debe hacer o no y, sobre todo con datos que no son ciertos". Según ha declarado, el vertedero municipal de la capital "no está colmatado ni por asomo" y "allí no va nadie a echar escombros, sencillamente porque no hay actividad económica". "Ojalá fuera lo contrario", ha apostillado para lamentar que la situación de la construcción "es tan raquítica que no da pie" a que se llene "absolutamente nada".
A su juicio, esta infraestructura "será un problema a solucionar cuando corresponda, pero no ahora" y ha agregado que así se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está en tramitación. Una vez que la Junta "puso el grito en el cielo" al plantear que se ampliara la actual, la salida a la que "llegaron los técnicos es que cuando se llene ya se verá" si "hay que crear uno nuevo" o, "como la Diputación tiene otro, acogerse a él, algo que, según ha comentado, les ha sido ofrecido "varias veces".
Justo en este punto ha dicho entender que radica "la clave del problema", al apreciar "cierta ansiedad", aunque ignora el motivo, para trasladarse a esas instalaciones de la Administración provincial. "Si no tememos que ir en su momento nos iremos, porque interese a la ciudad, pero no porque haya unas presiones que son un poco artificiales", ha subrayado el edil.
También ha calificado de "un poco artificial" el debate que se pretende abrir precisamente sobre el nuevo PGOU a cuenta de "un papel", una vez que el Gobierno andaluz, al que compete su aprobación definitiva, afirma haber requerido documentación. Márquez, que ha recordado que el expediente consta de "entre 1.800 y 2.000 folios" dudando que falte información, ha precisado que no sabe qué se ha solicitado, si bien ha dado orden a los técnicos municipales "hablen" con los de la Junta para solventarlo.
COLABORACIÓN
Y es que, a su juicio, "no es una cuestión de prisas, sino de colaboración" necesaria entre administraciones "para resolver los problemas de los ciudadanos". Entre ellos, ha incidido en la situación de viviendas en suelo no urbanizable sobre las que se están recibiendo "a diario" requerimientos de la justicia, de manera que podría haber consecuencias muy graves, llegando a demoliciones, cuando "dos meses después probablemente" estarían regularizadas.
Ejemplo de esa situación son, según ha agregado, los expedientes sancionadores por distintas irregularidades en esta materia. En concreto, ha aludido a los 158 de 2010, 174 en el año siguiente, 386 en 2012, 296 el año pasado y 42 en lo que va de éste. Además, ha hablado de un próximo derribo al que se insta desde el juzgado y a otros cinco ya ejecutados en los últimos tiempos, tres por propietarios y dos subsidiariamente por el Ayuntamiento.
Para Márquez, por tanto, es un asunto "para tomárselo en serio" y más cuando desde el Tribunal Supremo se ha apuntado como línea a seguir que "no importa que se vayan a regularizar, sino que estén regularizadas". En este sentido, ha reiterado que el nuevo PGOU "es imprescindible" para aquellos inmuebles pendientes de regularización, que ha cifrado entre 2.300 y 2.600, fundamentalmente ubicados en suelo no urbanizable, aunque también algunos en casco urbano por cuestiones como excesos de edificabilidad.
Así, el responsable de Urbanismo no comparte la visión de la Junta, que defiende que no es necesario esperar al nuevo plan general al contar ya con una ordenanza. Ha explicado que el propio decreto autonómico 2/2012 recoge que se deben regular en el PGOU, de modo que esa norma de carácter administrativa "está muy por debajo". Según ha comentado, "el marco normativo fundamental" lo constituyen la Loua y el citado decreto de la Junta y después el PGOU debe determinar tipos de asentamientos para, como "último paso", aplicar la ordenanza.
