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Sevilla

La cuarta concejal de Tomares imputada dice que pagó según le indicó asesor

Fuentes del caso han informado que Pilar Domínguez ha afirmado que ella no intervino en las contrataciones a Campos

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La juez que investiga los informes pagados por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) a su ahora concejal Juan Campos (PP) ha tomado hoy declaración como imputada a una cuarta concejala, Pilar Domínguez (PP), quien ha afirmado que pagó las facturas tras el informe a favor del jefe de servicio encargado. Fuentes del caso han informado a Efe de que Domínguez ha declarado a la juez de instrucción 8 de Sevilla que su Concejalía de Urbanismo tenía un jefe de servicio que era el encargado de tratar directamente con Campos y dar el visto buenos a sus trabajos.

Ella no trataba directamente con Campos y firmó las órdenes de pago, junto con el interventor municipal, porque la prestación del servicio venía avalada por dicho funcionario, que falleció en 2012, según su declaración.

También ha afirmado que ella no intervino en las contrataciones a Campos, que estaban relacionadas con la supervisión de las obras del Plan E en Tomares.

Domínguez se ha unido a los otros cuatro imputados hasta ahora: el propio Campos, ahora concejal de Medio Ambiente; Eloy Carmona, portavoz municipal, concejal de Presidencia y "numero dos" del PP sevillano; Mercedes Fuentes, actual responsable de Cultura y antes concejal de Medio Ambiente; y Alfonso Barrios, interventor municipal.

La Fiscalía denunció en noviembre del 2013 delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos para supervisar obras municipales que el Ayuntamiento hizo durante el anterior mandato municipal a Campos y por los que el concejal cobró 2.000 euros al mes entre el 2007 y el 2009.

Dichos informes, que en ocasiones se limitaban a una frase o se remitían a textos anteriores, fueron presuntamente encargados a Campos después de que no consiguiera salir elegido en la lista municipal del PP.

Los contratos fueron suscritos por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP) en el 2007 para "consultoría y asistencia" por un fijo de 975 euros mensuales y 150 euros por cada informe "de especial complejidad".

La juez ha tomado hoy también declaración, como testigo, a una responsable de la empresa Guerra 21, que dio de alta a Campos después de dejar de trabajar para el Ayuntamiento y que ejecutó varios trabajos para el municipio.

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