Córdoba

IU pide la dimisión \"inmediata\" de Rafael Gómez y que no se presente a las próximas elecciones municipales

García ha manifestado que es \"tremendamente grave que una persona que no cumple con sus obligaciones ciudadanas, que no paga la multa, esté representando a los cordobeses en el Pleno\"

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El coordinador provincial de IU Córdoba, Pedro García, ha pedido este miércoles la dimisión "inmediata" del empresario, concejal del Ayuntamiento de Córdoba y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, condenado a pagar unos 20 millones de euros por la multa impuesta en 2005 por construir sin licencia las naves de Colecor, al tiempo que reclama que no se presente a las próximas elecciones municipales de mayo de 2015.

   En una rueda de prensa, García ha manifestado que es "tremendamente grave que una persona que no cumple con sus obligaciones ciudadanas, que no paga la multa, esté representando a los cordobeses en el Pleno", y critica que deba 20 millones de euros y esté "cobrando dietas y un salario del erario público de los ciudadanos".

   En este sentido, ha subrayado que "la opinión de IU es que Rafael Gómez debe dimitir inmediatamente de concejal del Ayuntamiento y no debe presentarse a las elecciones municipales".

   Al respecto, el informe elaborado por la asesoría jurídica del Consistorio, a petición del teniente alcalde de Hacienda, José María Bellido, después de que el edil de UCOR Carlos Baquerín pidiera que se analizara la posible inhabilitación de Gómez debido a su condición de deudor, concluye que Rafael Gómez no incurre en ninguna causa de incompatibilidad o inelegibilidad que implique que no pueda seguir siendo concejal, según ha adelantado la prensa provincial.

   Así, el documento descarta que la sanción urbanística que pesa sobre Gómez sea motivo para retirarlo de su cargo público y señala que para que se declare su incompatibilidad es necesario que se haya dictado un mandamiento de apremio judicial, sin que baste la firmeza de la deuda en vía administrativa o incluso la providencia de apremio administrativa. En definitiva, el argumento que esgrime la asesoría jurídica es el mismo que la Junta Electoral Central.

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