El juez Elpidio José Silva se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 21 de abril para responder por los presuntos delitos cometidos durante la investigación del 'caso Blesa'. El juicio se prolongará previsiblemente hasta el 28 del mismo mes, contará con una veintena de testigos y con la lectura de los correos electrónicos del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, relacionados con esta causa.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que fija la fecha del juicio oral seguido contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
El exbanquero pide para Silva una pena de 40 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía solicita 30 años y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, una de 24 años de inhabilitación.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 se encuentra en la actualidad suspendido de funciones y ha anunciado su intención de incorporarse a las listas del Movimiento Red para las elecciones europeas. De hecho, Silva pidió la pasada semana una excedencia voluntaria para ser su candidato.
DECLARACIÓN DE BLESA PREVISTA PARA EL 23 DE ABRIL
En el auto, del que ha sido ponente la magistrada Susana Polo, el Tribunal Superior de Justicia determina que el juicio comenzará el 21 de abril con la lectura de los escritos de acusación y las cuestiones previas que plantee la defensa y las acusaciones.
El interrogatorio de Silva se ha fijado para el 22 de abril, mientras que el día siguiente comparecerán como testigos tres guardias civiles, Blesa, su letrado Carlos Aguilar, y dos empleados de la consultora KPMG.
El 24 de abril, será el turno de los fiscales Yolanda Conejero y Agustín Hidalgo, de ocho funcionarios de los Juzgados de Plaza de Castilla y de los magistrados Juan Antonio Toro -- instructor de la querella contra Silva-- y José Luis González Armengol, decano de los Juzgados de Madrid.
Un día después, comparecerá el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard y los abogados del sindicato que han actuado en la causa, Luis Pineda y Almudena Velázquez. El 28 de abril, el juicio tiene previsto concluir con la fase documental y las conclusiones definitivas de las partes.
NO DECLARARÁ NI EL JUEZ ANDREU NI GÓMEZ BERMÚDEZ
El Tribunal Superior de Justicia no ha aceptado varias testificales propuestas por la defensa, entre ellas las declaraciones de los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez al ser "irrelevante" en esta causa que expongan sus conocimientos a raíz de sus instrucciones en el 'caso Bankia' y los préstamos de la CAM.
El auto añade que se dará lectura "solo" a los correos electrónicos corporativos de Blesa que "tengan influencia" en los hechos seguidos contra el juez Silva, "previa selección reservada por los miembros del tribunal para preservar el derecho de intimidad de las personas que realizan las comunicaciones".
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
En su escrito de acusación, mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.
En este sentido, encarceló en dos ocasiones al ex presidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contaria a cualquier interpretación posible en Derecho". El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.
