Alberto Mercado, portavoz del PA en Tomares (Sevilla), ha afirmado hoy que el Ayuntamiento está cambiando sus servidores informáticos, lo que puede dejarlos "en blanco" respecto a la investigación de un juzgado sobre los contratos hechos al concejal Juan Campos (PP).
Mercado ha presentado hoy a la prensa la carta que ha enviado al nuevo líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, en la que denuncia la "parálisis histórica" en que ha caído la vida municipal de Tomares y de la que es ejemplo el pleno del próximo viernes, donde el único punto del orden del día es la aprobación del acta anterior.
En su carta denuncia las coacciones que están sufriendo los funcionarios que colaboran con la Justicia en la investigación contra Campos, a quienes el alcalde José Luis Sanz (PP) "está retirando derechos", según Mercado.
El PA ha pedido el cese de las cinco personas imputadas hasta ahora: los concejales Eloy Carmona, Juan Campos, Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes, todos ellos del PP, y el interventor Alfonso Barrios porque los hechos por los que están denunciados son "extremadamente graves" y les han puesto "bajo la sombra de la corrupción".
Todos ellos están imputados por una denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos para supervisar obras municipales que el Ayuntamiento hizo durante el anterior mandato municipal a Campos y por los que el concejal cobró 2.000 euros al mes entre el 2007 y el 2009.
El propio Eloy Carmona está citado de nuevo mañana para ampliación de su imputación, así como una nueva funcionaria municipal que declarará como testigo.
Mercado ha afirmado que el Ayuntamiento está procediendo estos días al cambio de sus servidores informáticos, por lo que van a quedar "limpios, sin constancia de nada que haya habido en el Ayuntamiento" que "podría ser de gran valor como prueba en el procedimiento judicial".
Entre la documentación de el PA remite a Moreno Bonilla se encuentran parte de las cuentas generales de 2007 a 2011, que entre otros recoge gastos protocolarios que "en un pueblo de 20.000 habitantes ascendieron en un solo año a 20.000 euros" y para gastos como "comidas que nada tienen que ver con actividades municipales, copas de ginebra, de ron, puros de elevados precios, paquetes de tabaco y lujosas botellas de vino".
