El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el último recurso de la Generalitat para no pagar los 110.475 euros con que fue condenada a indemnizar a la familia de Josep Maria Isanta, asesinado en las fiestas de la Patum, en Barga (Barcelona), en 2005, por los fallos del dispositivo policial.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el alto tribunal desestima el incidente de nulidad con que la Generalitat pretendía revocar la sentencia que le condenaba a indemnizar a la familia Isanta, pese a tratarse de un fallo firme contra el que, en principio, no cabía recurso.
El incidente de nulidad era el último intento de la Generalitat para no abonar la indemnización, aunque el propio conseller de Interior, Ramon Espadaler, había asegurado el 12 de enero pasado que "por supuesto" se pagarían los 110.475 euros, eso sí, sin descartar recurrir el fallo.
Josep Maria Isanta murió asesinado por una quincena de jóvenes que le acorralaron en un concierto alternativo de las fiestas de la Patum la noche del 27 de mayo de 2005, en un crimen que siempre estuvo envuelto en polémica por la insuficiente vigilancia policial, denunciada por el entorno de la víctima y testigos del crimen.
El auto del TSJC, que es firme, reprocha a la Generalitat que, a través de un incidente de nulidad que está reservado para situaciones de vulneración de derechos fundamentales, pretenda ahora "reconstruir un proceso" e introducir "nuevos elementos de debate que pudo hacer en el momento procesal oportuno".
La Generalitat pedía anular el proceso, alegando que el ayuntamiento de Berga no fue parte en la causa pese a ser "evidente" su participación en el diseño y gestión de los dispositivos de seguridad, y argumenta que, de haber sabido que el TSJC evaluaría la actuación del conjunto de administraciones, habría pedido la citación del consistorio como codemandado.
El TSJC reitera ahora en su auto que los fallos del dispositivo policial se debieron "no solo a un hecho, sino al conjunto de una deficiente planificación previa del dispositivo para aquella noche, el cambio sorpresivo del punto estático, la inexistencia de agentes de paisano y la negligente gestión de las llamadas".
El alto tribunal aclara que cuando en su sentencia aludió a una "sinergia negativa" en la actuación de los Mossos d'Esquadra, que la época del crimen dirigía Montserrat Tura, se refería a ese cúmulo de fallos, no a la falta de coordinación de Interior con otras administraciones.
"La Generalitat se aferra a una sola palabra -sinergia- y la saca de su contexto para extraer de la misma lo que la sentencia no analizó, ni tuvo en cuenta (...)", añade el alto tribunal, que cree que el argumento de la administración "raya ya lo ilógico".
Para el TSJC, la Generalitat "ni en su escrito de contestación a la demanda como en las conclusiones nunca mencionó o discutió nada relativo a la participación de otras administraciones, ni tampoco, habiendo conocido todos los datos, documentos y actuaciones, solicitó en modo alguno que se realizara la notificación del pleito" a otras instituciones.
De esa forma, el Tribunal Superior da la razón a la familia de Isanta, representada por el abogado Jordi Busquets, que en su escrito de oposición al incidente de nulidad acusó a la Generalitat de buscar "un reparto de culpas y negligencias concurrentes con otras administraciones, con el objetivo único de dilatar el procedimiento".
