La Justicia se pone del lado de las monitoras administrativas de los colegios públicos y, por tanto, condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a la readmisión o indemnización a la treintena de profesionales que iniciaran su acción judicial allá por agosto del pasado año ante la manifiesta situación de Despido y Cesión ilegal que ahora el Juzgado de lo Social número dos de los de Cádiz da la razón.
La sentencia 154/14 de 5 de mayo sobre lo sustanciado en el juicio de 30 de abril y notificada ayer da como hechos probados que “las demandantes realizaron funciones de Auxiliar Administrativo” y establece las indemnizaciones que correspondería a cada uno de los profesionales demandantes y se les reconoce la antigüedad a cada uno.
También establece la sentencia lo que deberían haber cobrado los monitores administrativos y no cobraron surante el desempeño de sus funciones a tenor del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta, al igual que se da por probado la “cesión ilegal de mano de obra por parte de STI al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos”, de la que ya informó en su día la Inspección de Trabajo.
Bueno es señalar que el cuarto punto de la parte expositiva de la sentencia establece que la parte demandante, esto es, las monitoras administrativas gaditanas “si se estimase su demanda, ha optado por la fijeza en la Consejería; no en las empresas cedentes ni en el Ente ISE”.
Así las cosas, declara a este medio la portavoz del colectivo, Esther Porquicho, “que ahora la Consejería ha de optar por la readmisión o por la indemnización en las cuantías que se ha establecido en la sentencia, pero a mí y a mis tres compañeros del comité de empresa ha de readmitirnos por razón del cargo”.
En resumen, estos 34 monitores administrativos a los que ahora la Justicia de lo Social les da la razón esperan de todo corazón que se se siga la misma tónica que se ha dado días atrás con los compañeros de Córdoba y se les notifique la readmisión.
Recuerda Porquicho que “la mismísima Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, se comprometió con nuestro colectivo el 13 de febrero a acatar la sentencia en primera instancia, es decir, no recurrirlas y en respetar la legislación vigente”, con lo que lo que estos trabajadores de centros públicos de Educación gaditanos solo desean que transcurran los cinco días que marcan la ley para que la Junta no recurra dicha sentencia y que en el plazo de otros diez días se les notifique la reincorporación a los centros que les corresponda.
Una lucha que ahora parece concluir, en caso de no mediar recurso, de estos trabajadores indefinidos no fijos, discontinuo parcial en la categoría de monitor escolar que se aferran a lo que dicta el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta y a lo que el Juzgado de lo Social les acaba de reconocer.
