El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez (PP), ha negado este martes que él encargase la construcción de una "nave" y de una piscina en la finca de la que era copropietario en el paraje Los Llanos del municipio en agosto de 2005 y ha señalado a su hermano como el que decidió acometer la obra.
Al tiempo, y tras reconocer que se ejecutaron "sin licencia municipal", ha indicado que tuvo conocimiento "a posteriori" de la orden de paralización de la Junta de Andalucía y de la denuncia que en 2007 interpuso el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al comprobar que se estaba roturando el terreno.
"Es mi hermano quien vive allí y quien se encarga de los trabajos agrícolas. Yo no las hice porque voy muy poco y cuando subí ya estaban prácticamente acabadas", ha dicho Sánchez a preguntas del fiscal en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 5 y en la que se enfrenta, junto a su hermano, a presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia.
El regidor ha asegurado que fue él quien, en agosto de 2005, "al ver lo que estaba haciendo", le sugirió que tenía que proceder a "regularizar" ambas construcciones y ha explicado que solicitó la licencia en el Ayuntamiento "porque como yo soy alcalde y voy todos los días al Ayuntamiento, mi hermano me lo pidió por comodidad".
Sánchez, quien ha declinado responder a las preguntas de la acusación particular y ha remarcado que la piscina no solo tiene uso recreativo "sino que se aprovecha también para regar los jardines", ha afirmado, asimismo, que, en 2008, vendió su parte de la finca a una empresa patrimonial de su hermano y ha reiterado que tenía conocimiento de los que se hacía en ella "por lo que a veces me contaba".
Ha entrado en contradicción, no obstante, con su declaración en instrucción ya que ha negado que tuviese "conocimiento" de la orden de paralización dictada por la Junta de Andalucía y que a "orden" suya se hicieran esos movimientos de tierra que, en concreto, consistieron en el relleno de un cauce.
"Es incierto. Nunca le dije a los agentes del Seprona que tenían autorización porque nunca la he pedido. Fue mi hermano aunque es verdad de que se puso a hacer los trabajos antes de que viniera y creo, aunque no lo recuerdo, que no sabía que existía una orden de paralización. Nunca se me dio notificación", ha apuntillado.
"ATRIBUCIONES TOTALES"
Por su parte, Francisco Sánchez ha corroborado que la obra para construir la "nave anexa al cortijo principal" y la piscina "sin haber pedido permiso" ya que la licencia municipal "se pidió meses después y no se concedió" al ser suelo rústico y ha remarcado que era él el que "tomaba las decisiones" ya que su hermano "no estaba allí con frecuencia".
Ha recordado que cuando "subió" le dijo "que si había pedido permiso para esto y me aconsejó que pidiera licencia, a lo que le dije que lo hiciera él, que iba todos los días al Ayuntamiento".
Con respecto a la supuesta roturación de terrenos forestales, ha reconocido que en 2005 "se me paralizó por la Junta de Andalucía" y ha justificado el rellenado del cauce en que "no considero que sea la misma cosa". Ha trasladado al juez que el vertido de tierra se hizo porque "una empresa de construcción necesitaba un sitio para hacerlo y a mi me venía genial".
"No era consciente de que estaba incumpliendo la orden y nadie me advirtió del delito", ha remarcado para, a continuación, subrayar que, si bien su hermano era "copropietario" cuando se produjeron los hechos enjuiciados, él "tenía atribuciones totales y no le comentaba cada paso que daba". "Al final le diría pero no se cuando, probablemente en fecha posterior", ha concluido.
ACUSACIÓN FISCAL
Sánchez (PP) y su hermano se enfrentan a penas individuales de dos años y tres meses de prisión acusados de ejecutar obras en agosto de 2005 para construir una piscina y una edificación anexa en una finca de su propiedad y en "suelo calificado como no urbanizable".
El Ministerio Público imputa al regidor y a Francisco Sánchez la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia, ya que ambos continuaron presuntamente con la obra pese a que "tenían conocimiento" de la existencia de una orden para paralizar de forma inmediata los trabajos.
Según recoge el escrito de acusación, Rodrigo Sánchez y su hermano, como propietarios de una finca no urbanizable localizada en la parcela 10 del polígono 47 del paraje rural de Los Llanos, procedieron en agosto de 2005 a realizar "movimientos de tierra" para construir una piscina y una edificación anexa a una vivienda.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía notificó a los acusados con fecha 16 de marzo de 2006 la apertura de un expediente sancionador y comunicó una orden de paralización "inmediata" de los trabajos de desmonte que estaban realizando en su propiedad.
El fiscal resalta que, "pese a tener conocimiento de dicha prohibición", de la que fueron informados en dos ocasiones más en septiembre y noviembre de ese mismo año para comunicar la propuesta de multa y su resolución definitiva, tanto el alcalde como su hermano "desatendieron los requerimientos de la autoridad y continuaron los trabajos".
El Ministerio Público interesa la imposición de penas de un año y medio de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 y 3 del Código Penal y de nueve meses de prisión por delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556. Solicita, además, el pago de sendas multas de 16 euros a razón de 12 euros al día e inhabilitación especial para empleo u oficio relacionado con la construcción por periodo de dos años.
