El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el Real Decreto por el que el Gobierno procede a crear 282 plazas de jueces para que los miembros de la Carrera Judicial en activo que aprobaron la oposición tengan un destino asignado.
En concreto, la norma, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, contempla la creación de 112 plazas para magistrados de órganos colegiados, 167 para jueces de adscripción territorial y tres nuevos juzgados de lo penal.
El Ministerio de Justicia espera que estas unidades contribuyan a reforzar la lucha contra la corrupción. De hecho, dos plazas irán destinadas el próximo año a la sala de la Audiencia Nacional encargada de juzgar casos de corrupción.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha englobado estas medidas en el "afán" del Gobierno de "fortalecer" el Estado de Derecho y fijar recursos para que la función de Administrar Justicia cuente con "mejores garantías".
"Va a contribuir a agilizar el funcionamiento y la respuesta de la Justicia", afirmó ayer Santamaría, para cifrar con esta ampliación el número total de jueces en 5.361, indicar que habrá incorporaciones en la Fiscalía y confiar en que los casos de corrupción se "sancionen con todo el rigor". "No es cuestión de partidos, sino de personas", ha afirmado.
La asignación de las plazas se ha realizado en sintonía con las necesidades judiciales señaladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los Tribunales Superiores de Justicia y con la coordinación de las comunidades autónomas. Estas nuevas plazas serán efectivas desde el 1 de enero de 2015.
En concreto, 167 plazas de adscripción territorial contribuirán a reducir la interinidad para que sean cubiertas por profesionales. Las restantes 112 se dividen de la siguiente manera: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras dos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Además, se crean y constituyen tres nuevos juzgados de lo Penal, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa, que contribuirán a ofrecer así mecanismos de "respuesta ágil a las reclamaciones que a diario se resuelven en los Tribunales de Justicia y que más preocupación generan en la opinión pública", según ha informado Justicia.
ESPERA ACELERAR LOS JUICIOS.
Gracias a la posibilidad ofrecida por la reforma operada en la LOPJ en el año 2012, las nuevas plazas en las Audiencias Provinciales (108) se podrán distribuir en secciones de cinco o más magistrados, lo que contribuirá a la celebración de más juicios, a reducir los tiempos de espera y facilitar la unificación de criterios. La creación de estas plazas fomentará, además, la promoción profesional y la movilidad dentro de la carrera judicial.
La creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial (JAT) ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada. Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.
El Ministerio de Justicia ha informado de que este Real Decreto supone la "mayor creación de plazas judiciales de los últimos 25 años". "Se trata de una decisión sin precedentes cercanos. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creación de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la razón estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal (221 de las 303 unidades fueron Juzgados de lo Penal de nueva creación)", ha indicado.
Justicia llevará además "en fechas próximas" al Consejo de Ministros una medida similar para ampliar la plantilla orgánica de la Fiscalía, "de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante esta lacra de la corrupción". Además, ultima los detalles del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.
NO CONLLEVARÁ INCREMENTO PRESUPUESTARIO.
El Gobierno explica en la norma que con el fin de reducir el déficit público, en 2011, 2012 y 2013 no se procedió a crear nuevas unidades judiciales, aunque al mismo tiempo siguieron incorporándose miembros a la carrera judicial tras superar las correspondientes pruebas de acceso.
Esta situación, reconoce el Ejecutivo, ha originado un desequilibrio entre los miembros de la carrer a judicial en activo y el número de unidades judiciales creadas y de plazas de juez de adscripción territorial que se les puede ofertar, "existiendo un déficit de ambas para poder asignar una plaza a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo".
El Gobierno señala que esto ha generado un "elevado número de jueces en expectativa de destino", cuya situación es preciso regularizar mediante la creación de plazas.
De ahí que se haya decidido aprobar este Real Decreto que, según el Ejecutivo, "no conlleva incremento presupuestario", pues lo que se pretende es destinar definitivamente a los miembros de la carrera judicial que no disponen de plaza y que actualmente desarrollan funcionen que le son propias a través de diferentes figuras, como las comisiones de servicio, los refuerzos y las sustituciones.
