El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga instará al equipo de gobierno del PP a iniciar "lo antes posible" los trámites establecidos por parte de la Junta de Andalucía en el decreto para "garantizar" la asunción y continuidad de todas las competencias en materia de servicios sociales que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pretende "eliminar" a los ayuntamientos. En consecuencia, también le pedirá que defienda el futuro de la empresa municipal Más Cerca.
A través de una moción que IU presentará este lunes en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, reclamará al equipo de gobierno que dote de "continuidad, contenido y presupuesto" a esta empresa municipal, de modo que "mantenga la función para la que fue creada", así como que "responda a la demanda social existente sobre los servicios sociales comunitarios".
Así, la portavoz adjunta municipal de Izquierda Unida, Antonia Morillas, solicitará, igualmente, al Gobierno liderado por Francisco de la Torre que rechace todo intento de privatización y de eliminación de empresas municipales y de organismos como consecuencia de la reforma de la Administración local, que, tal y como ha subrayado, "acomete funciones necesarias y ofrece servicios básicos".
Morillas ha incidido en la necesidad de que el Ayuntamiento de Málaga defienda los servicios sociales como "competencias básicas municipales que deben blindarse", ya que "no pueden eliminarse ni sufrir recortes al estar dirigidos a los grupos de población más vulnerables en este contexto de crisis económica y de empobrecimiento".
Según la concejala de la coalición, la reforma de la Administración local impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy supondrá "el desmantelamiento efectivo de los servicios sociales, que, tras la educación y la salud, es uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar". Además, ha señalado, "esta norma quiebra la Ley de 1985, la cual establece como criterios básicos la descentralización y la implicación de los ayuntamientos para hacer efectivas dichas políticas".
"Es fundamental que el Ayuntamiento de Málaga defienda y blinde estos servicios para que haya trabajadores sociales en cada barrio de la ciudad que conozcan todos los problemas de exclusión y de riesgo y para que, por tanto, se pueda atender con agilidad y de forma correcta y continuada a quienes vivan en una situación de emergencia", ha manifestado a Europa Press Morillas.
Al respecto, ha subrayado que el principio que debe regir los servicios sociales en la ciudad de Málaga es el de "solidaridad" y "no volver a los tiempos de la beneficencia y la caridad", por lo que "el Ayuntamiento debe proteger a quienes son más vulnerables y garantizar una cartera de servicios mínimos en materia de políticas sociales".
Actualmente, ha advertido, "existen decenas de trabajadores municipales en dependencia, atención a colectivos desfavorecidos y zonas con necesidad de transformación social, que vienen desempeñando su labor con la incertidumbre de no saber si los convenios con los que se realizan sus contratos y con los que se establecen estos servicios se renovarán". Ante esto, ha exigido que "se blinden estas prestaciones, asegurando su continuidad".
"Detrás de estos trabajadores se encuentran miles de personas, familias y menores que necesitan de manera especial, en un momento de crisis económica, la atención de los servicios sociales", ha expuesto la edil de IU, añadiendo que "es necesario evitar la aparición de entornos urbanos tremendamente degradados y, para ello, los ayuntamientos tienen que tener capacidad de respuesta".
MÁS CERCA, "EN PELIGRO DE MUERTE"
Sobre la empresa municipal Más Cerca, creada por el Ayuntamiento de Málaga en 2002 con la finalidad de promover un servicio de ayuda a domicilio, otro de talleres de prevención de la marginación social y también de juventud, otro de agentes para la igualdad de oportunidades de las mujeres, de intérprete de lenguaje de signos, etcétera, Morillas ha hecho hincapié en que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local la pone "en peligro de muerte".
Por un lado, ha especificado, la ley "retira prácticamente todas las competencias en materia de servicios sociales a los ayuntamientos", y, por otra, "dificulta enormemente la posibilidad de que éstos mantengan sociedades municipales. De hecho, aludiendo a un estudio de la Asociación de Empresas Locales de Interés General (Red Elige), ha alertado de que esta reforma haría desaparecer en torno al 50 por ciento de las que, actualmente, existen en España.
"La reforma equipara proximidad con despilfarro y sustituye rentabilidad social por equilibrio financiero, eliminando la atención de proximidad en los servicios sociales como un valor a potenciar desde una perspectiva municipalista", ha criticado. En lugar de ello, según Morillas, "se procede al desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual Gobierno".
Más aún, ha denunciado que "esta reforma ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones". En definitiva, ha precisado, "elimina el poder de lo más cercano; aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público y de la política a quienes exigen más participación, más democracia y más transparencia, y fortalece la deriva autoritaria".
