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Torremolinos

Pepe Ávila, candidato del PA, condenado por intromisión ilegitima en el derecho al honor del alcalde

La sentencia del Tribunal Supremo comporta el pago de una indemnización de 34.113,65 euros, que Pedro Fernández Montes anunció que donaría íntegramente a Cáritas de Torremolinos

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El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha informado hoy en rueda de prensa de que “José Ávila González, políticamente conocido como Pepe Ávila, ha sido definitivamente condenado por el Tribunal Supremo, tras haber recurrido sentencias condenatorias previas del Juzgado número 5 de Torremolinos y de la Audiencia Provincial de Málaga, por las manifestaciones efectuadas contra este alcalde, Pedro Fernández Montes, en Radio Televisión Victoria, en el programa ‘La hora del cabreo’ en septiembre de 2002”.

 

En su comparecencia pública de hoy, en la que estuvieron presentes todos los miembros de su Equipo de Gobierno, el alcalde explicó que “el Tribunal Supremo ha confirmado que lo manifestado por Pepe Avila era falso cuando se presentó ante los espectadores con montones de archivos de la empresa municipal SAMSET, que él mismo había sustraído, pretendiendo que se trataba de facturas de la empresa que mostraban irregularidades en la construcción del Recinto Ferial, el Auditórium Municipal y la reforma de calle San Miguel, cuando en realidad se trataba de partes de trabajo”, y a continuación detalló algunos de los hechos puntuales que han  sido ahora sentenciados:

 

- “Cuando dijo que había irregularidades en las cuentas del Ayuntamiento y un boquete de 400 ó 500 millones entre el Ayuntamiento y SAMSET, también ha confirmado el Tribunal Supremo que imputó falsamente.

 

- Cuando Pepe Ávila declaró que había recaudado dinero para el Partido Popular por orden del alcalde, no se presentó ninguno de los testigos propuestos por él mismo, e interrogado, no fue capaz de dar el nombre de un solo donante. El Tribunal Supremo ha confirmado que mintió.

 

- Cuando Pepe Ávila dijo que el Ayuntamiento había pagado 12 millones de pesetas a la empresa Acuagest para que le pagaran a él sus nóminas, también ha confirmado que fue falso.

 

- Cuando Pepe Ávila manifestó que él mismo, junto con 50 trabajadores de SAMSET, repartieron 10.000 octavillas denigratorias de una persona y que las mismas fueron pagadas por el Ayuntamiento, el Tribunal Supremo ha confirmado que imputó falsamente.

 

- Cuando declaró que el alcalde daba un trato vejatorio a concejales, funcionarios y sindicatos, también ha confirmado que fue falso”.

 

“El Tribunal Supremo –añadió Pedro Fernández Montes- también ha confirmado que, en lo sucesivo, José Ávila González deberá abstenerse de realizar intromisiones ilegítimas en el honor del alcalde, semejantes a las perseguidas por la demanda”, y asimismo, “el Tribunal Supremo confirma que el condenado, José Ávila González, debe pagar la emisión en televisión, hasta en seis ocasiones, del texto literal del encabezamiento y fallo de la sentencia e indemnizar al alcalde con la suma de 18.000 euros, además de imponerle el pago de las costas e intereses”.

 

El alcalde de Torremolinos añadió que “para evitar controversias, el juzgado de Primera Instancia nº4 de Torremolinos, mediante Decreto de 10 de noviembre de 2014, ha fijado la indemnización en 26.241,27 euros de principal, más la cantidad de 7.872,38 euros en concepto de intereses y costas, lo que hace un total de 34.113,65 euros”.

 

Tras recordar que “el alcalde ya anunció en su día que donará esa cantidad a Cáritas de Torremolinos”, Pedro Fernández Montes instó a José Ávila González “a que de inmediato proceda al pago de los 34.113,65 euros, ya que, en virtud de mi donación, ya no me lo debe a mí, sino al pueblo de Torremolinos, a las personas necesitadas de Torremolinos”.

 

Por último, tras señalar que “la valoración de que actualmente sea candidato a las próximas elecciones municipales por el Partido Andalucista la dejo a los vecinos de Torremolinos y al propio Partido Andalucista”, el alcalde lamentó que “unos hechos denunciados en octubre de 2002 y enjuiciados el 12 de marzo de 2001, y que un Juez diligente sentenció el 25 de abril de 2003, hayan tardado 10 años en resolverse, debido a los recursos planteados por José Ávila González ante las diferentes instancias judiciales”.

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