“El Ayuntamiento se va a cargar una amistad de 30 años”. Son palabras de Carlos Bayo Pascual, el dueño de un local comercial que alquiló a una asociación de vecinos para su uso y por el que no ha recibido ni un solo euro, lo que le ha llevado, después de esperar una solución extrajudicial, a presentar una denuncia en los juzgados para tratar de hacerse con los más de 37.000 euros que le corresponden.
La denuncia en cuestión, a la que ha tenido acceso Viva Huelva, fue presentada el pasado 30 de abril, y va dirigida contra la Asociación de Vecinos Santa Raquel de Verdeluz, cuya responsable ante los juzgados es la presidenta, María del Carmen Cordero Crespo, amiga personal del denunciante, pero a efectos legales la responsable al ser la firmante del contrato.
El contrato entró en vigor el 1 de enero de 2011 y en él se establecía el pago mensual de 2.061,47 euros. El local fue usado por la citada asociación hasta junio de 2012, fecha en la que, ante los reiterados impagos, se vieron obligados a abandonar esa sede. En todo ese tiempo, 18 meses, no se pagó ni una sola mensualidad, lo que ha creado una roncha de 37.106,46 euros.
Señala a Juana Carrillo
Según ha descrito el denunciante a Viva Huelva, la razón de denunciar a la presidenta de la AVV Santa Raquel es que es su firma la que está en el contrato de alquiler. Pero, aunque ninguna rúbrica comprometa directamente a miembros del Ayuntamiento de Huelva, Carlos Bayo señala directamente a la gestión de Juana Carrillo, concejala de Participación Ciudadana, en todo este embrollo: “Aunque no aparezca ninguna firma, el contrato sale de las manos del Ayuntamiento, y fue Juana Carrillo la que me llamó para convencerme de que ese contrato se firmara”.
Además, Bayo asegura que la rúbrica del documento de alquiler se llevó a cabo en la que era sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Placeta, y en el acto estuvieron presentes responsables municipales. Y aunque esté convencido de que el Ayuntamiento tiene la llave para acabar con el lío, ha tenido que recurrir a la vía judicial contra la firmante.
Lío de subvenciones
Relata Carlos Bayo que se ha llevado “más de cuatro años intentando reunirme con Juana Carrillo”. Hace unos 20 días, cuando parecía que iba a poder tratar el tema con ella, un desencuentro provocó que la reunión fuera con el secretario de la edil. Siempre según el testimonio de Carlos Bayo, “su secretario me dijo que la subvención para que la asociación de vecinos me pagara estaba concedida, pero que esta asociación no había justificado subvenciones anteriores y por eso no se me puede pagar el alquiler”.
“Responsable subsidiario”
Como ya se ha indicado, no hay ninguna firma de responsables municipales en el contrato de alquiler, pero, según relata el denunciante, en el documento hay establecida una cláusula en la que el Ayuntamiento aparece como responsable subsidiario, esto es que la administración local se haría cargo de los pagos en caso de pasar lo que ha pasado.
Así, según Bayo, en el citado contrato, aparece que “en el caso de que la arrendataria no pudiera hacer frente al pago de las mensualidades, las cantidades se pagarían con la subvención municipal que la asociación recibiera, y también aparece que el Ayuntamiento es el responsable subsidiario de pagar la cantidad que pactamos”.
Así las cosas, tras casi tres años de espera, será la Justicia la que dictamine. Carlos Bayo está dolido, y mucho, por haber tenido que denunciar a “una amiga de hace más de 30 años” y concluye su testimonio en Viva Huelva diciendo que “lo que realmente estoy denunciando es que el Ayuntamiento nos va a echar a pelear en los juzgados como si fuéramos perros”.
