La Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) y la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA han denunciado que, como consecuencia de la derogación dela falta de imprudencia leve en la reforma del Código Penal, se están archivando causas penales por accidentes de circulación en los que las que las víctimas formulan denuncias expresas contra el responsable del mismo, por sufrir lesiones y daños personales de consideración.
En este sentido, indican que, los juzgados archivan las causas alegando que "los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna", por lo que las víctimas se ven abocadas a acudir a la vía civil para efectuar reclamaciones a las aseguradoras.
"En determinados casos se han archivado los procedimientos sin que el juzgado haya reclamado atestado policial de investigación del accidente, sin constatar la dinámica del accidente y la gravedad de la imprudencia cometida, lo que en la práctica supone prejuzgar el carácter leve de la imprudencia. Además se deja en estos casos de verificar el estado lesional de la víctima, y todo ello por el mero hecho de tratarse de una denuncia por accidente de circulación", apuntan ambas asociaciones en un comunicado.
A su juicio, con la reforma del Código Penal, "se deja en manos de los jueces de instrucción la decisión de no investigar los accidentes de circulación, de no valorar las lesiones y las secuelas de las personas, así como de dejar de tasar los daños materiales".
Además, indican que los juzgados que no consideran la existencia de infracción penal, deben practicar las diligencias necesarias para poder establecer la cuantía indemnizatoria del denunciante, algo que, según apuntan, no está ocurriendo.
POR LA VIA CIVIL
"De este modo las víctimas se ven abocadas a reclamar a las aseguradoras las indemnizaciones que les correspondieran por la vía civil, mucho más gravosa y costosa que la penal", han denunciado las asociaciones.
Esta situación lleva a los denunciantes a costearse los peritos para acreditar la dinámica del accidente que, además, no tienen el carácter de agentes de la autoridad con presunción de veracidad. Y tampoco pueden disponer de forenses que les evalúe lesiones y secuelas debiendo costearse peritos valoradores de daño personal, así como peritos tasadores de los daños materiales.
DIA y ACP critican también que esta personas "corren con el riesgo de ser condenados en costas, las cuales son de una altísima cuantía, si las pretensiones no son estimadas en sentencia".
Ante esta situació, ambas asociaciones han pedido a los partidos que "procedan a la inmediata reforma del Código Penal una vez se constituyan las nuevas Cortes" a fin de "garantizar la protección de las víctimas de circulación y la restauración de la imprudencia con resultado de lesiones o muerte como infracción penal".
Del mismo modo, desde DIA se ha solicitado una reunión con el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, para abordar lo que consideran una "preocupante situación en la que se encuentran las víctimas de tráfico". "Después de sufrir las graves consecuencias y secuelas que suponen un siniestro de tráfico, se ven arrastradas por un Código Penal que no las ha tenido en cuenta', ha señalado el presidente de DIA, Francisco Canes.
En este sentido, piden al Fiscal que proceda a elaborar una nueva circular en la que establezca unos criterios de actuación de los fiscales.
