El promotor de las obras en la antigua Casa de la Moneda de la capital hispalense --declarada Bien de Interés Cultural (BIC)--, para quien la Fiscalía solicita dos años de cárcel por dos delitos contra el patrimonio histórico y contra la ordenación del territorio, ha asegurado en el juicio que desconocía que hubiera muros y tabiques protegidos en dicho inmueble y ha puesto de manifiesto que no dio orden de demoler estos muros interiores.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, durante su declaración en el juicio que se está celebrando en el Juzgado de lo Penal número 12, el acusado ha relatado que, aunque eran dueños de este edificio "desde hacía más de 100 años, nunca había subido a la azotea para ver si existía o no algún ático anterior", mientras que "no sabía si había muros y tabiques protegidos", ya que había inquilinos y al no entrar en el edificio desconocía todos estos aspectos.
Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han indicado que el imputado, que es representante de la sociedad promotora desde los años 80, ha afirmado que "no dio orden de demoler muros interiores ni sabía si eso estaba permitido".
Asimismo, el acusado ha puesto de manifiesto que se le pidió a uno de los dos arquitectos imputados que reordenara los espacios de la Casa de la Moneda para hacer diez viviendas y dos locales, todo ello "sin dar precisiones de cómo ni dónde, por ser cosas técnicas".
El juicio continuará este próximo viernes con la declaración de los dos arquitectos imputados.
La Fiscalía pide para todos ellos un año de prisión y multa de 15 meses con cuota de 20 euros, así como inhabilitación para ejercer durante dos años como promotor, técnico director o constructor, por el delito contra la ordenación del territorio. En cuanto al delito contra el patrimonio histórico, el fiscal pide para cada acusado otro año de prisión.
El Ministerio Público rememora que la sociedad limitada Patio del Tesorero promovía una serie de obras en este edificio enclavado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, en pleno casco histórico, y amparado por la figura de protección del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. La Real Casa de la Moneda, de hecho, goza de una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con un grado de protección global B.
Según se desgrana en la querella, recogida por Europa Press, el arquitecto F.C.F., por encargo de la sociedad Patio del Tesorero, elaboró un reformado de proyecto básico y de ejecución al objeto de construir diez viviendas y dos locales en este edificio fundamentalmente conocido por su fachada, obra de Sebastián Van der Borcht. En septiembre de 2009, dicho documento gozó de las autorizaciones de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y del entonces delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno.
No obstante, los datos aportados a las autoridades en este reformado de proyecto básico y de ejecución habrían sido supuestamente falseados para "hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real". "Se dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió y se contemplaba un ático que no existía antes", toda vez que los volúmenes de los castilletes de acceso a las azoteas fueron "superados" respecto a la realidad.
DEMOLICIONES NO PERMITIDAS
Pero además, una vez autorizadas las obras por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y Bernardo Bueno, estos trabajos supusieron la "demolición de diversos tramos de los muros preexistentes en las crujías originales" pese a que el proyecto aprobado habría contemplado su conservación.
También fueron derribadas, entre otros elementos arquitectónicos, "unidades estratigráficas" del siglo XVIII correspondientes a la reforma de Sebastian Van der Brocht, del siglo XIX, correspondiente a la reforma de José Gómez Otero, y un tabique a la capuchina de los siglos XIX y XX, todo ello pese a que "no se había permitido demolición de ninguna clase".
Las demoliciones, según avisa la Fiscalía, han ocasionado "daños de imposible reparación" en este edificio protegido y han "alterado gravemente" su estado original. "Ninguna de las obras sería autorizable en ningún caso", señala la querella, que cuantifica en 225.268 euros los daños perpetrados al patrimonio histórico pese a lo "incalculable" de tal aspecto.
Las querella refleja que el propio delegado provincial de la Consejería de Cultura ordenó la paralización de las obras el 20 de enero de 2011.
