El Ayuntamiento de Huelva va a imponer una multa coercitiva a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Hacienda, por incumplir la orden de ejecución de actuaciones urgentes de seguridad y limpieza en el edificio de la antigua cárcel.
Así lo ha hecho público hoy el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, Manuel Gómez Márquez, añadiendo que se ha abierto otro expediente a este organismo estatal por infringir la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), procedimiento que podrá desembocar en otra sanción.
"Es necesario proteger este edificio y, sobre todo la seguridad de las personas que entran y salen de allí. Durante este tiempo se han producido incendios y derrumbes y la Administración responsable del edificio no ha hecho absolutamente nada", ha dicho.
Por ello, según ha avanzado el concejal, "hemos decidido actuar de forma subsidiaria desde el Ayuntamiento para acometer las actuaciones más urgentes con cargo a los presupuestos municipales pero reclamando luego los costes por vía de apremio".
De este modo, se limpiarán y desbrozarán las zonas exteriores y se cerrarán todos los accesos tapiando puertas y ventanas para evitar más incidencias, intrusiones y hurtos.
Ante la "inoperancia" del Gobierno central en este asunto, "pues Instituciones Penitenciarias no solo ha incumplido los plazos que se le dieron el pasado otoño sino la prórroga que le concedimos", el Consistorio onubense ha iniciado un procedimiento por el que se interpondrán hasta diez multas coercitivas para exigir al titular del inmueble las actuaciones requeridas.
Como mecanismo de ejecución forzosa, cada una de estas multas -que se impondrán con una periodicidad mensual- supondrá una cuantía del 10% del coste de las actuaciones requeridas, que en total rondan los 40.000 euros.
Como procede en estos casos, el Ayuntamiento tiene la potestad de hacer cumplir a los responsables de un inmueble -máxime si está catalogado por su valor patrimonial y arquitectónico- su responsabilidad de mantener en óptimas condiciones las construcciones ubicadas en el término municipal.
La antigua Prisión Provincial, con un espacio de 3.624 metros cuadrados, fue diseñada en 1930 por el arquitecto Pérez Carasa y está incluido en el catálogo municipal de los Edificios y Elementos de Interés del Ayuntamiento con un grado de protección integral monumental.
En 2013 fue declarado Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía en recuerdo de los presos políticos y los represaliados por su orientación sexual.
