El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García (IU), ha destacado este miércoles que es "una magnífica noticia para Córdoba" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que permite usar los avales de unos 12 millones de euros para acabar las obras de la urbanización Mirabueno y la Ronda Norte paralizadas hace ocho años, en la capital cordobesa.
En una rueda de prensa, el concejal de Urbanismo ha comentado que ahora estudiarán la resolución judicial, una vez que la conozcan, con el fin de analizar "cómo ejecutar el aval", y a partir de ahí, ha agregado, "lo que toca es seguir el proceso de urbanización que se llevaba a cabo tanto en la Ronda Norte como Mirabueno".
Según ha indicado el también primer teniente de alcalde, "posiblemente sí" habría que actualizar los proyectos, aunque en este caso ha aclarado que espera a sentarse con los técnicos.
Entretanto, ha resaltado que, junto al aval de 10,5 millones de euros para la ejecución de urbanización en la antigua azucarera de Villarrubia, "son dos vales muy grandes", que "suponen muchos millones de euros de inversión para la ciudad", motivo por el que ha aseverado que están "contentos".
No obstante, García ha apuntado que hay que ver "cómo se ejecutan ambos --avales-- y en el momento que se pueda, iniciar los procesos que se dejaron a medio hacer, que por eso se ejecutan los avales, porque no se llegaron a concretar las obras", ha explicado.
FALLO FIRME
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón al Ayuntamiento y le permite usar avales que suman más de 12 millones para acabar las obras de la Ronda Norte entre la N-432 y Fuente de la Salud y de la urbanización de Mirabueno, que quedó a medio ejecutar en el 2008 la junta de compensación de la zona, en la que Marín Hilinger era el propietario mayoritario.
En este sentido, al ser la sentencia firme, según ha adelantado 'Diario Córdoba', Urbanismo tiene el camino despejado para utilizar el dinero y llevar a cabo la ejecución subsidiaria que persigue desde hace dos mandatos, desde que Andrés Ocaña (IU) era su presidente.
Al respecto, la sentencia desestima el recurso presentado por CajaSur contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, que ya se pronunció en febrero del año 2015 a favor de usar los avales depositados por Marín Hilinger como garantía de la ejecución de las obras, dando un giro a este largo contencioso, dado que en junio de 2012 el TSJA obligó a Urbanismo a devolver los 12 millones más intereses a CajaSur.
Cabe recordar que en el proceso iniciado por Urbanismo en el año 2012, tras el primer fallo del TSJA, el organismo autónomo se dirigió primero a la junta de compensación y luego a cada uno de sus miembros, a los que reclamó su parte --9,7 millones a Marín Hilinger; 147.754 euros a la Dirección General de Patrimonio del Estado; 109.364 a ADIF; 77.186 a Hermanos Granados, y 69.447 a EPSA--.
En el caso de Marín Hilinger, Urbanismo le exigía los 9,7 millones que le corresponden, advirtiéndole de que si no pagaba haría uso de los avales prestados por Cajasur --560.758, 303.708, 10,6 millones y 1,4 millones, que suman un total de 12,9 millones--.
