Una denuncia de malos tratos en un juzgado de Violencia sobre la Mujer puede tener consecuencias “muy drásticas y rápidas”, como la detención del presunto agresor o una orden de alejamiento del domicilio familiar y de los hijos, explica a Efe el abogado Luis Zarraluqui, titular de un prestigioso despacho especializado en Derecho Familiar.
Por eso, dice este experto, “hay quien intenta coger el atajo, el camino más rápido, y hace tiempo que, aunque es difícil de constatar, venimos detectando la existencia de denuncias falsas, que pretenden alterar la situación de paridad para el inicio de un divorcio”.
El pasado 31 de mayo el juzgado de Violencia Doméstica de Sevilla archivó una causa contra un hombre que estuvo encarcelado once meses por ocho denuncias de maltrato presentadas por su mujer, que además se autolesionó con un cúter, y contra la que el juez ha deducido testimonio y dado traslado a la fiscalía por un presunto delito de denuncia o acusación falsa.
La única estadística oficial que se aproxima a este espinoso asunto es la Memoria de la Fiscalía de 2008, la última publicada, que recogía 18 deducciones de testimonio relacionados con la violencia machista en 2007.
Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su jefa de sección, Paloma Marín, señala a Efe que, de ser ciertas esas denuncias falsas, extremo que sólo se podría confirmar con una sentencia condenatoria, se trataría de 18 casos frente a las 126.000 denuncias por malos tratos que hubo en 2007 en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Según este organismo dependiente del CGPJ, en 2008 el número de denuncias se elevó a 142.125, de ellas un 11,33% (16.000) fueron retiradas durante el proceso. De las 49.600 sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género, el 63% fueron condenatorias y el 37% absolutorias.
“Cuando se afirma que hay muchas denuncias falsas, se está hablando de sospechas, prejuicios, de nada objetivo, porque no hay datos”, asegura Paloma Marín, que afirma que “se trata de delitos contra la administración de justicia, no concretamente contra la violencia de género”.
Marín tiene el convencimiento de que no se está produciendo un uso abusivo o fraudulento de la Ley Integral de Violencia de Género, “los mecanismos funcionan adecuadamente”, y considera “absolutamente incierto” que las víctimas de la violencia puedan conseguir beneficios respecto a la pensión de alimentos o la atribución de la vivienda.
“No hay una regulación diferenciada para estas mujeres y el resto. El ordenamiento es idéntico”, asegura. Explica que, sin embargo, “sí se ha jugado con la guarda y custodia de los menores cuando los padres se han percatado de su vinculación con la atribución del domicilio, o para conseguir un convenio regulador en condiciones más favorables”.
Una opinión totalmente opuesta es la que defiende el presidente de la Asociación de Madres y Padres Separados, Juan Luis Rubio, quien afirma que de los 22.000 asociados, un 60% declara haber sido víctima de una denuncia falsa.
“Tal y como están las cosas, ningún juez se atrevería a archivar o absolver una denuncia que tenga el más mínimo indicio de ser verdad. Muchos hombres están siendo detenidos e ingresados preventivamente en contra de la Constitución y luego son declarados inocentes”, se lamenta.
Sólo con una denuncia por amenazas o maltrato, explica, el juzgado dicta una orden de alejamiento, por la cual el padre no se puede acercar ni a la madre ni al hijo hasta que se celebre el juicio. “En todo ese tiempo, que puede ser de meses, se va perdiendo mucho en la relación padre-hijo”.
Rubio, que asegura que en la asociación no admiten hombres que han sido condenados, y sí a los que están absueltos o pendientes de sentencia, cree que entre las absolutorias muchas responden a denuncias falsas.
La jueza Raimunda de Peñafort, durante años titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid, desmonta ese paralelismo: “la absolución puede producirse por muchas causas, por falta de pruebas o de acusación, ya que hay mujeres que no declaran contra ellos porque la ley se lo permite”.
“Si deciden no declarar, y no hay un parte de lesiones claro, es mas difícil la condena, pero la absolución no quiere decir que haya habido una falsedad”, advierte Peñafort.
“Denuncias falsas hay pocas”, afirma. “Pero, si las hay, que se persigan y se condene a la mujer que las pone. Hay que ser implacables, no se pueden consentir por el perjuicio que hacen”.
Los enemigos de la Ley Integral dijeron desde el primer momento que se iban a producir este tipo de denuncias, pero son también enemigos de la ley, afirma, “quienes no exigen su aplicación con todo el rigor. Si se permite que una mujer impunemente presente una sola denuncia falsa, se está torpedeando la credibilidad de la ley”.
LA PALABRA DE UNO CONTRA EL OTRO
Crítica con la Ley Integral desde sus principios, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona María Sanahuja considera, en declaraciones a la agencia de noticias Efe, que el número de testimonios que se conocen por denuncias falsas “siempre son y serán pequeños, pero eso no significa que no se produzcan en muchas ocasiones.
Perseguirlas es muy difícil, porque es la palabra de uno contra la del otro”. En opinión de esta jueza, que fue decana de los juzgados de Barcelona, “hemos pasado de un extremo al otro a lo salvaje.
Del pasado, en que no servía la palabra de la mujer ni para comenzar una investigación, a la situación actual en la que esa palabra, casi sin nada más, ya sirve para una condena”.
