Izquierda Unida afronta las nuevas elecciones generales con una delicada situación económica, que supera ya los diez millones de euros de deuda y sufrió un fuerte 'varapalo' tras los comicios de diciembre al quedarse sin la posibilidad de cobrar lo gastado en 'mailing' electoral por no poder formar grupo parlamentario propio.
La coalición aún encabezada por Cayo Lara arrastra una elevada deuda desde la época de Julio Anguita y las campañas electorales de los años 1999 y 2000, en las famosas generales del pacto preelectoral con el entonces líder socialista, Joaquín Almunia.
Entonces, su situación económica llegó hasta tal punto que IU tuvo que hipotecar su sede federal en Madrid como garantía bancaria. Se trataba de deuda bancaria y deuda con proveedores, fundamentalmente una empresa de logística a la que se adeudaban más de tres millones de euros que no se terminaron de pagar hasta hace tres o cuatro años.
SIN SUBVENCIÓN POR 'MAILING'
Entonces, la organización puso en marcha un plan económico que le permitió, entre los años 2010 y 2015, reducir la deuda a una cuarta parte hasta alcanzar los nueve millones de euros, que se elevaron a más de diez millones tras las elecciones de diciembre ante la imposibilidad de formar grupo parlamentario propio en el Congreso y, por tanto, no tener acceso a las subvenciones por el denominado 'mailing' electoral.
IU había programado una campaña electoral en diciembre de algo menos de 2,5 millones de euros, de los que casi un 70 por ciento, alrededor de dos millones de euros, fueron destinados al envío de sobres, papeletas y el programa electoral a los domicilios de los electores. Estos son los que se sumaron después al montante de deuda de la coalición.
Esto obligó a IU a aprobar un nuevo plan de ajuste económico que implicó el recorte del 60 por ciento de su plantilla y bajada de sueldo al resto de trabajadores. En total, diez personas han sido despedidas por IU en los últimos meses con una indemnización de 30 días por año trabajado, con un máximo de 24 meses.
FUERA DE LA NEGOCIACIÓN CON PODEMOS
En cualquier caso, la deuda de la coalición no entra dentro de las negociaciones con Podemos para compartir candidaturas el próximo 26 de junio, ya que el pacto sería bajo la fórmula legal de la coalición, que implica que cada partido sigue manteniendo su autonomía.
De hecho, en las campañas electorales todas las formaciones que se presentan a las elecciones están obligadas a cumplir unos estrictos requisitos legales que hacen muy difícil que cualquier dinero pudiera destinarse a otros fines, y menos aún a la amortización de deuda. Deben consignar un administrador, un representante ante la Junta Electoral, enviar detallada información al Tribunal de Cuentas y abrir una cuenta corriente para la ocasión, entre otras exigencias.
