Franns Melgar Vargas, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado en la empresa panificadora de forma ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros al mes, según sus declaraciones.
El Gobierno regularizó “por razones extraordinarias” al trabajador boliviano el pasado viernes y remitió a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia “graves deficiencias de seguridad e higiene” en la panificadora donde trabajaba.
Además, el informe constató que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ordenó la clausura de la actividad de la empresa.
