El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y presidente del Partido Popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha defendido esta mañana la propuesta de estatus especial para Gibraltar realizada por el embajador de España en la ONU como una oportunidad única para la población del Peñón.
Landaluce ha explicado que “no se trata de un desafío a los habitantes de Gibraltar, sino de una propuesta que mejoraría la vida de todos: los campogibraltareños y los gibraltareños, con una larga lista de ventajas que deben valorarles en un proceso de diálogo que elimine de raíz los desencuentros que la cuestión de la soberanía producen recurrentemente”.
El senador ha recordado algunas de los beneficios para los que vivimos en el arco de la Bahía de esta propuesta como es la desaparición de la frontera que generaría enormes posibilidades para los puertos, las empresas y el aeropuerto facilitando además los desplazamientos y la vida diaria de nuestros vecinos.
A estas, deben sumarse otras específicamente para la población gibraltareña que se beneficiaría de un estatuto personal que le permitiría contar con las dos nacionalidades, continuando por tanto como ciudadanos de la Unión Europea en cuyo mercado interior podría seguir trabajando su economía, mejorando de esta forma el estatus actual de los gibraltareños que no perderían ninguna de sus características y conservarían todos los derechos inherentes a la condición de ciudadanos del marco comunitario.
Asimismo, Landaluce ha expresado, tal y como siempre ha reclamado, que este debate sereno debe venir acompañado de un plan de inversiones por parte del Estado en el Campo de Gibraltar que elimine las diferencias socioecómicas en la comarca, agradeciendo así el compromiso del Gobierno de España en este ámbito que ha vuelto a poner de manifiesto el embajador de España ante la ONU en su intervención de ayer, pero que ha mostrado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El dirigente popular se ha mostrado confiado en que “entre ambas posturas se tiendan puentes que beneficien a nuestros ciudadanos, puesto que las responsabilidades otorgadas por ellos a nosotros como representantes públicos, debe conducirnos a unos y otros a aceptar un proceso de negociación al que España ya se ha mostrado dispuesto”.
