Al Gobierno municipal se le ha llenado la boca con la palabra transparencia, pero la realidad es que cinco meses después de cumplirse el plazo dado por la propia Junta de Andalucía para que los ayuntamientos se pusieran al día en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, el Ayuntamiento de San Fernando sigue siendo tan opaco como el anterior.
Como ejemplo de ese incumplimiento, el partido 3R invita a los ciudadanos a comprobar en la web municipal en lo que se denomina transparencia económica. Ahí podrá comprobar que contiene los indicadores económicos de esta ciudad del año 2013; que las modificaciones de créditos que figuran son las de 2013-2014; que la posición de tesorería del ayuntamiento está fechada en septiembre de 2014 o que los contratos fimados no aparecen ninguno desde hace más de un año.
Si se pincha en las subvenciones públicas, no se puede acceder a quién y con qué importe se concedieron, como igualmente impone la citada Ley de Transparencia, o que el inventario de bienes y derechos de la ciudad de San Fernando es inaccesible.
San Fernando también sigue careciendo de la denominada Ordenanza de Transparencia, de Buen Gobierno y de Calidad Democrática. En este caso es aún peor porque como debe conocer la alcaldesa, Patricia Cavada, que es vocal de la Comisión ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), este órgano no sólo prescribe estas ordenanzas y el cumplimiento de la Ley, como no podía ser de otra forma, sino que incluso tiene una ordenanza tipo para ello. O sea, que se la dan hecha.
3R exige a la alcaldesa que se adecue al ordenamiento jurídico vigente, en este caso a la Ley de Transparencia Publica de Andalucía y a todas sus prescripciones y ponga en Consulta Pública, como impone la entrada en vigor de la nueva Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, el borrador de la Ordenanza de Transparencia de la ciudad de San Fernando. “De esta forma, sus proclamas de líder de la Transparencia Municipal tendrán algún soporte en hechos reales”.
